Ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que juzga a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, y a otros ocho imputados más, el abogado Carlos Beraldi pidió
que sea abierta al público la transmisión de la declaración indagatoria de la ex presidenta prevista para el lunes en el marco de la causa por supuestas irregularidades en la concesión de obra pública durante sus gobiernos.
Por primera vez la electa vicepresidenta declarará en un juicio por corrupción. Será ocho días antes de que asuma junto a Alberto Fernández. Cristina Kirchner expuso en el escrito presentado por su defensa, que “se cumpla con la acordada 29 de la Corte donde se habla de los actos de publicidad los actos iniciales de debate, la lectura de los requerimientos y las indagatorias”.
Entre otras cosas, la ex presidenta pidió que se garantice “el principio de transparencia por la trascendencia pública del caso y garantizar el principio de publicidad”.
Según fuentes judiciales, el TOF 2 responderá al requerimiento antes de la audiencia del lunes.
El pedido surge, entre otros motivos, porque las indagatorias que se realizaron ante el TOF 2 se transmitieron solamente a través de la intranet, es decir que sólo tuvieron acceso a esta transmisión en vivo periodistas y acreditados en el juicio.
Por ello, la expresidenta requirió que el video de su declaración se difunda por los canales públicos del Centro de Información Judicial (CIJ) para garantizar así el libre acceso a sus palabras.
El calendario impuesto por el Tribunal que preside el juez Jorge Gorini fijó para el lunes 2 de diciembre la indagatoria a la electa vicepresidenta, ocho días antes de su asunción. La ex mandataria está dispuesta a declarar y quiere que sea una transmisión abierta.
En el juicio, además Báez y Cristina, están siendo juzgados José López, Julio De Vido, Nelson Periotti y Carlos Kirchner, primo del ex presidente, entre otros. Este último era el único detenido con prisión preventiva que quedaba en la causa, y también fue excarcelado recientemente por el Tribunal, con el voto en disidencia del juez Andrés Basso.
El expediente investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Báez en Santa Cruz. Según el dictamen acusador de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, Austral lograba cobrar con mayor rapidez los contratos, incluso cuando las obras no se terminaban. La causa arrancó por una denuncia de Vialidad, que comandaba Javier Iguacel, tras la salida de la ex presidenta del poder.
A la electa vicepresidenta del Frente de Todos se la procesó por ser “jefa de una asociación ilícita” junto con otros funcionarios de distintas reparticiones que tenían a su cargo el presupuesto, otorgamiento y control sobre la obra pública vial.
Durante la instrucción, a cargo del juez Julián Ercolini, se determinó que el grupo Austral de Báez fue beneficiado con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”. Por ello, se habla de un “direccionamiento” a favor del conglomerado del empresario K.
Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner”. A los ex presidentes se los apunta como los responsables de “diseñar la maniobra” y de “erigir a su amigo personal” como contratista del Estado.
Pericia clave Por pedido de la ex Presidenta se inició una pericia; no sobre todas las obras como ella quería, sino sobre cinco de los contratos con Báez. Como reveló Clarín, la primera parte del estudio arrojó para los dos peritos oficiales, sobreprecios de 173 y 202 millones de dólares, mientras que para la profesional por parte de la senadora los costos se ajustaron a los de plaza.
Además, los peritos oficiales determinaron que Austral Construcciones no tenía capacidad técnica y financiera para ser adjudicataria de las obras analizadas. Algo con lo que no concordó la perito de la ex mandataria en sus conclusiones.
Otro de los puntos a analizar era si se justificaban las modificaciones en las obras, desde sus plazos, sus costos, planes de ejecución, y otros ítems. “Puede decirse que si bien las empresas adjudicatarias de las obras presentaron los motivos por los cuales solicitaron las ampliaciones de plazo, como también los cambios de precio debido a las alteraciones de proyectos o modificaciones de planes de trabajo, y todo ello fue concedido por Vialidad Provincial, es destacar que ninguna de las obras se terminó en los plazos estipulados por el organismo vial, ni en los solicitados por las contratistas, ni los plazos acordados por las partes pese a las ampliaciones y alteraciones otorgadas siendo que el contratante cumplido con los pagos en tiempo y forma”, concluyeron los peritos oficiales.
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