Después de la indagatoria de Lázaro Báez, el juicio en su contra por lavado de dinero con “la ruta del dinero K” se encamina hacia la etapa final. El 11 de diciembre
comenzarían los alegatos, con un cambio no menor: ya estarán gobernando Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y eso implica que sus funcionarios serán los responsables de pronunciar las acusaciones contra Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi, entre otros. Son tres las querellas que son organismos del Estado y que para entonces contarán con nuevas autoridades.
Desde octubre del año pasado, 25 acusados comparecen ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), integrado por los jueces Néstor Costabell, Adriana Pallioti y María Gabriela López Íñiguez.
El calendario del Tribunal indica que el 11 de diciembre comenzaría la etapa de alegatos, es decir, las acusaciones que formularán las querellas, en este caso la Oficina Anticorrupción (OA), Unidad de Información Financiera (UIF), AFIP, como también la fiscalía. Será la instancia en la que las defensas también realizarán su última presentación ante los jueces.
Con el cambio de gestión del 10 de diciembre, las acusaciones de las querellas quedarán en manos del gobierno de Alberto Fernández.
El fiscal ante el TOF 4, Abel Córdoba, recientemente se opuso al a excarcelación de Báez hasta tanto no concluya el juicio, algo que podría ocurrir, según fuentes judiciales, el 5 de abril de 2020, cuando el dueño de Austral Construcciones cumpla cuatro años en prisión. En este mismo sentido se pronunció la OA que conduce Laura Alonso.
Pero estos lineamientos, sospechan en los tribunales de Comodoro Py, podrían modificarse ante el cambio de autoridades en los organismos de gobierno que intervienen en éste como en otros casos por corrupción contra ex funcionarios y empresarios kirchneristas, como el juicio contra la electa vicepresidenta por el direccionamiento de la obra pública, donde el Estado es querellante.
Lo mismo ocurrirá en los próximos casos que serán juzgados, como la investigación conocida como los cuadernos de las coimas, o el caso contra Julio De Vido por el desvío de fondos hacia la mina de carbón de Río Turbio, entre otros.
Los alegatos iban a comenzar esta semana, pero ante los reiterados pedidos del contratista K para posponer su indagatoria, todo se fue retrasando. Por ello, en la próxima audiencia se espera la declaración de Martín Báez y dos imputados más. Así, finalmente los alegatos iniciarán después del cambio de gestión.
“La ruta del dinero K” es uno de los expedientes por lavado de dinero de mayor envergadura. La investigación cuenta con 191 cuerpos (38.200 hojas) y 270 incidentes, cada uno de estos llega a tener 50 cuerpos.
El juicio
Las audiencias orales llevan un año de desarrollo, en las que se escucharon más de cien testimonios. Esta etapa concluyó el 16 de octubre, cuando se habilitó la ampliación de indagatorias para aclaraciones y eventuales cambios. Recién entonces Báez aceptó declarar, después de tres semanas de de dilaciones. Entonces dijo haber sido presionado por la Agencia Federal de Inteligencia para acusar a Cristina.
El juez Sebastián Casanello procesó tres veces al socio comercial de la electa vicepresidenta por lavado de dinero, cuyo delito precedente fue considerado el dinero generado con la obra pública que recibió el empresario K durante el gobierno kirchnerista.
La acusación es de haber integrado “una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013, agravado por la habitualidad”. En un posterior “procesamiento conglobante”, el juez tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza”.
Por esta causa Báez está preso hace más de tres años, y hace pocos meses fue detenido también su hijo Martín, con quien comparte pabellón en Ezeiza. Además, quedaron procesados sus otros hijos, Luciana, Leandro y Melina. También el valijero Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, entre otros.
La maniobra
En el expediente se dio por corroborada la existencia de una estructura de “sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos sesenta millones de dólares“, por eso se les trabó un embargo a los procesados de 600 millones de dólares a cada uno, porque se aplicó la pena máxima: diez veces la suma de dinero que se lavó.
La acusación del fiscal Guillermo Marijuan sostiene que los acusados “lograron esa finalidad a través de la adquisición de bienes por un valor de más de dos mil setecientos treinta y cuatro millones de pesos, equivalentes a unos ciento ochenta y seis millones de dólares”.
Otra de las cosas que quedó confirmada para la justicia es que el origen “ilegítimo de los fondos” que se utilizaron para las maniobras de blanqueo, tienen origen en la causa sobre el direccionamiento de la obra pública.
Esto posibilitó tanto el atesoramiento de fondos en Suiza, como la exteriorización de dinero y su reingreso al país.
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