Después del aval de la Cámara Federal porteña a la investigación que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo para determinar si el acuerdo que el Gobierno intentó para que el Grupo
Macri saldase su deuda con el Estado por el Correo Argentino fue abusivo, se ordenó un” informe técnico contable”, para determinar si hubo irregularidades en esa propuesta.
El magistrado pidió a la justicia Comercial que le envíen el cuerpo principal del expediente del concurso de acreedores del Correo Argentino, y dispuso la realización del estudio que analizará la deuda de la empresa y los términos del acuerdo que había alcanzado con el Gobierno, para determinar si fue “abusivo”, como denunció la fiscal general de ese fuero, Gabriela Boquin. Cuando esas dudas se hicieron públicas, el acuerdo se suspendió.
El informe fue encomendado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, una vez que las partes del caso respondan si tienen puntos técnicos que pretenden que sean abordados en el estudio.
El juez Lijo pidió datos sobre cinco puntos, según el escrito al que accedió Clarín. El primero ordena que se analice el efecto del concurso preventivo del Correo Argentino. También que se describa la propuesta realizada por el Correo al Estado nacional, teniendo en cuenta el capital la cantidad de cuotas sugeridas e intereses fijados a las mismas. Además, Lijo solicitó “verificar el valor del crédito verificado por el Estado en el concurso preventivo” de la empresa. Recordemos: concesionado al Grupo Macri en los 90, el Correo y el Estado vinieron intercambiando reclamos económicos mutuos desde el fin de la convertibilidad.
La medida del juez se originó tras un señalamiento de la Cámara Federal porteña que había recomendado la “producción de estudios” para zanjar las diferencias entre los imputados y la fiscalía en relación a la deuda y el acuerdo alcanzado.
Los imputados habían cuestionado el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, quien se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado -en el concurso de acreedores de la firma- al advertir que era desventajoso para las arcas públicas, hecho que luego generó la denuncia penal que cayó en el juzgado de Lijo. El dictamen de Boquín causó un escándalo que detuvo las negociaciones, y el pago jamás se concretó.
Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad Macri, 67%) y socios minoritarios. Pero el Correo no pagó el canon y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos y entró en concurso de acreedores.
En 2003 el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización.
Mientras tanto, en esos años, los ex dueños del Correo habían ido incrementando su participación en la empresa controlante, y presentaron tres reclamos principales contra el Estado por $ 1.700 millones, otros $500 millones y US$ 120 millones, más intereses, para compensar supuestas inversiones realizadas.
Pero en junio de 2016, cuando Mauricio Macri ya estaba en la Casa Rosada. el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, que nunca fue homologado, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. A fines de 2017, la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación” perjudicaba “gravemente el patrimonio del Estado nacional”.
El argumento de la fiscal sostenía que dicho acuerdo implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del presidente, y un perjuicio multimillonario para el Estado.
La fiscal Boquin calculó en más de 4.000 millones de pesos la pérdida para el Estado, que provocaría la “condonación de la deuda” que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, monto que llegaría a los 70.000 millones de pérdida en el año 2033.
Esto derivó en la causa penal que tiene a su cargo Lijo, donde están imputados el ex ministro de Comunicaciones -actual de Defensa-, Oscar Aguad; el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa; el presidente de la empresa de la familia presidencial, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la firma Jaime Keidermarcher.
En la justicia federal, la acusación formulada por el fiscal Gerardo Pollicita sostiene que la operación otorgaba “un beneficio ilegítimo para la concursada”, ya que con el acuerdo el Estado resignaba una porción inadmisible de la suma adeudada (99,87%).
Por ello, el representante del Ministerio Público Fiscal acusó de “carácter abusivo del acuerdo celebrado”, señalando que lo aceptado por los funcionarios de Mauricio Macri “implicaba reducir la acreencia del Estado a una suma que atentaba contra la integridad de su crédito”.
Bajo esta acusación, el juez Lijo indagó a todos los imputados y ahora impulsará medidas de prueba contables para determinar si hubo perjuicio a raíz del acuerdo celebrado en 2016 entre el Correo y el Estado.
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