El fiscal general de Israel, Avijai Mandelblit, acusó este jueves al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos de corrupción,
según informó en un comunicado el Ministerio de Justicia.
El procurador Avichai Mandelblit emitió una acusación formal contra Netanyahu, y es la primera vez en la historia del país que se acusa penalmente a un primer ministro en funciones.
Netanyahu ha rechazado todos los cargos y se ha declarado víctima de una cacería de brujas.
La acusación llega en pleno bloqueo político en Israel y sin nuevo gobierno desde las elecciones de septiembre, lo que aleja a Netanyahu de seguir en el poder tanto en una eventual repetición electoral como ante el proceso abierto en el Parlamento para formar Ejecutivo.
El anuncio, muy esperado en Israel, llegó horas después de que el presidente del país, Reuven Rivlin, ordenara al Parlamento que encuentre un primer ministro, después de que ni Netanyahu ni su rival Benny Gantz lograran formar gobierno tras las elecciones de septiembre.
El procesamiento asesta un fuerte golpe a Netanyahu y a su deseo de permanecer en el cargo, en el que ha estado más tiempo que cualquier otro jefe de gobierno en la historia de Israel.
Netanyahu enfrenta tres causas de corrupción, en los conocidos como caso 1000, 2000 y 4000, en los que es sospechoso de aceptar regalos de empresarios a cambio de favores políticos, alcanzar un acuerdo con un medio para lograr una cobertura favorable a cambio de dañar a un diario de la competencia, y entregar concesiones a un empresario a cambio de una cobertura favorable en un portal de noticias.
Como acusado, Netanyahu no estaría obligado a dejar su cargo de primer ministro o diputado, pero si finalmente es condenado, el Parlamento (Knesset) podrá votar su destitución si el delito implica “depravación moral”, como ocurre con la acusación de cohecho, según recoge la Ley Básica israelí, con rango constitucional.
Mandelblit convocó una vista en octubre para recibir los argumentos de la defensa antes de finalizar el escrito de acusación, que ahora abre la puerta al juicio oral.
Tras publicar la acusación, la Fiscalía envió una copia del documento al presidente del Parlamento, Yuli Edelstein, “a fin de permitir que el primer ministro notifique a la Knéset si desea solicitar la inmunidad”, algo que debería deliberar un comité creado especialmente para ello, pero que no puede formarse sin un nuevo Gobierno.
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