Bolivia cumple este miércoles un mes en una grave crisis política y social tras unas fallidas elecciones generales, con una treintena de fallecidos, más de setecientos heridos y por
ahora sin atisbos de diálogo para pacificar al país.
El cuarto mandato: La protesta de los sectores contrarios a Evo Morales se originó en la decisión de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), de insistir en su postulación para un cuarto mandato hasta 2025 a pesar del límite constitucional de dos periodos seguidos y del referendo que en 2016 le negó la posibilidad de ir a la reelección.
A instancias de partidarios de Morales, en 2017 el Tribunal Constitucional avaló, en un polémico fallo, la reelección indefinida alegando que debe respetarse el derecho del presidente a ser elegido y el del pueblo a elegirlo, basándose en la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por Bolivia.
Con base en ese fallo, el Tribunal Supremo Electoral validó un año después la nueva candidatura de Morales, pese a las críticas de sus opositores que acusaron a este organismo de ser parcial a favor del líder indígena.
Elecciones y denuncias de fraude: Los comicios del 20 de octubre se llevaron adelante en un clima de calma y aquel domingo en la noche los primeros datos ofrecidos por el sistema de recuento provisional de votos apuntaban a una segunda vuelta entre Morales y el ex presidente Carlos Mesa, quien quedó en segundo lugar.
Sin embargo, la transmisión de esos datos se paró esa misma noche y al día siguiente al reanudarse hubo un repentino cambio de tendencia, que pasó a augurar un triunfo en primera ronda de Morales.
Así surgieron las primeras denuncias de un posible fraude a favor de Evo Morales, lo que derivó en protestas callejeras y huelgas.
Tensión creciente: Morales llamó varias veces a sus sectores afines a defender su triunfo electoral ante las protestas ciudadanas. Pero las marchas fueron acentuándose y los partidarios de Morales salieron a defender su triunfo, proclamado por el órgano electoral.
La presidenta interina presentó un proyecto de ley para llamar a elecciones. /AFP
El ex líder cocalero se abrió a que la Organización de Estados Americanos (OEA) hiciera una auditoría al proceso electoral, lo que rechazaron sus detractores porque los términos fueron acordados sin tenerlos en cuenta.
Un día antes de que comenzara la auditoría se registraron los primeros muertos, dos activistas contrarios a Morales que bloqueaban rutas en la ciudad oriental de Montero y que fueron alcanzados por disparos de armas de fuego. El conflicto se agravó con los motines policiales entre el 8 y 10 de noviembre, con más protestas desbordadas.
Informe y renuncia: A primera hora del domingo 10 de noviembre la OEA reveló que había detectado irregularidades “muy graves” en las elecciones bolivianas, como una importante manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados, por lo que instó a nuevos comicios.
Morales salió aquel día primero a ofrecer nuevas elecciones y una renovación en el órgano electoral, pero luego de que las Fuerzas Armadas y la Policía le “sugiriesen” que renunciara para pacificar el país, terminó anunciando su dimisión y denunciando un golpe de Estado para derrocarlo.
Una mujer indígena, junto a un cartel en defensa de Evo Morales. /AFP
El país se sumió en un caos mayor, pues esa misma noche salieron grupos vandálicos a saquear, apedrear e incendiar unidades policiales y viviendas en varias ciudades.
En medio de la crisis y sin nadie que reclamase la Presidencia, la Policía pidió apoyo a las Fuerza Armadas al verse rebasada.
La sucesión: Evo Morales llegó a México el 12 de noviembre como asilado, mientras Bolivia quedó inmersa en un vacío de poder, pues quienes podían sucederlo constitucionalmente también habían renunciado.
Esa misma tarde la hasta entonces senadora opositora Jeanine Áñez, en calidad de segunda vicepresidenta del Senado, asumió la Presidencia interina de Bolivia al activar el mecanismo sucesorio.
La sucesión fue avalada por el Tribunal Constitucional en base a una interpretación de la Carta Magna boliviana para casos de vacío de poder.
Los gobiernos que han calificado la renuncia de Evo Morales como un “golpe de Estado” no reconocen la presidencia interina de Áñez, frente a otros que sí la aceptan y otra parte de la comunidad internacional que ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
Militares custodian la refinería de gas y petróleo en Senkata, en El Alto, donde el martes hubo fuertes enfrentamientos. /AFP
Un mes de crisis: Áñez ha asegurado que su misión es pacificar el país y convocar nuevas elecciones, aunque hasta el momento no ha habido forma de avanzar porque ahora son los seguidores de Morales quienes están en las calles y carreteras exigiendo la salida del gobierno interino.
La jornada más dura dentro de la crisis fue la del 15 de noviembre, con nueve muertos entre grupos cocaleros afines a Evo Morales que se enfrentaron con la policía en la región de Cochabamba.
Tras estos disturbios, se conoció un polémico decreto aprobado por el Ejecutivo provisional que exime de responsabilidad penal a policías y militares si actúan de forma proporcional y en legítima defensa.
Áñez advirtió que puede convocar elecciones por decreto, mientras el partido de Morales, que controla el Parlamento, presentó un anteproyecto de ley para acelerar la convocatoria aún sin fecha.
Fuente: EFE
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