La jueza en lo contencioso administrativo federal Cecilia Gilardi de Negre rechazó el amparo de una inversora para que se declare inconstitucional el decreto 596/2019, con el que Mauricio Macri postergó el
pago de distintos bonos de corto plazo, en lo que el gobierno intentó llamar “reperfilamiento” de la deuda pública.
La semana posterior a las PASO, el 15 de agosto, Juana Nofal había suscripto al fondo común de inversión Cima Renta Dólares Corto Plazo FCI, que contaba con inversiones en Letras del Tesoro (Letes). Y el posterior decreto de Macri reperfiló los bonos suscriptos después del 31 de julio. “Se trata de una medida que no cuenta con fundamentación alguna, ni razonabilidad suficiente, que justifique no haber sido excluida de la reprogramación realizada”, protestó en su demanda.
“Mientras un tenedor de los activos reperfilados a la fecha citada (31 de julio) se encuentra en situación de que al momento del vencimiento se le abone al 100%, los nominales correspondientes a las Letes de mi titularidad fueron alcanzados por la reprogramación de los vencimientos. Por haber ingresado con 15 días de diferencia, se me perjudica otorgándome un tratamiento diferenciado sin argumento alguno”, argumentó.
La jueza aceptó los argumentos del fiscal Miguel Angel Gilligan, para quien “no se encuentran acreditadas circunstancias especiales en los cuales su aplicación -la del decreto- importaría la degradación de la sustancia del derecho, ya sea por la edad de la persona afectada, la necesidad de su atención inmediata, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, o la naturaleza alimentaria del crédito y la situación de indigencia del demandante, como para justificar un trato diferenciado”.
Giligan entendió que el reperfilamiento de la deuda no implica un deterioro patrimonial para Nofal, pues no fue “privada de la posibilidad de disponer de su propiedad”, pues el DNU “establece expresamente que la postergación dispuesta no interrumpirá el devengamiento de los intereses establecidos en los términos y condiciones originales”, “lo cual implica el resguardo del patrimonio de los tenedores de títulos”.
Por lo tanto, “no se vislumbra en autos la arbitrariedad manifiesta requerida para la admisibilidad de la acción”, resaltó el fiscal. Su parecer fue avalado por la jueza Gilardi de Negre.
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