El ex ministro de Energía de Mauricio Macri Juan José Aranguren ya llegó a los tribunales federales de Comodoro Py, donde será indagado por supuestas “negociaciones incompatibles con la función pública”,
tras ser imputado por el fiscal Carlos Stornelli por la suba de tarifas en su área y la compra de gas a Chile, mientras aún tenía acciones de la petrolera Shell, de la que había sido CEO en la filial Argentina. Las sospechas son que Aranguren podría haberse favorecido con el incremento de las tarifas de gas “al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista“.
El juez Luis Rodríguez citó a indagatoria al ex funcionario, que abandonó la gestión en junio del año pasado, en el marco de la causa que inició en 2016 con una denuncia presentada por dos diputados del Frente para la Victoria. Cuando lo imputado en la causa, el fiscal Stornelli solicitó una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación.
Tras su llegada a los Tribunales, Aranguren aseguró que “para nada hubo negociaciones incompatibles”, y aseguró que responderá todas las preguntas que le formule Rodríguez. Para recibirlo, el juez había ordenado cerrar al público toda la zona adyacente a su despacho.
La denuncia había sido presentada por los diputados Martin Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes sostuvieron que “el aumento del valor del gas pagado a los productores en la República Argentina” impactaría positivamente en el patrimonio del ministro, porque “es titular de más de 13 millones de pesos en acciones de la empresa” Shell S.A. Cuando se conoció la denuncia, y tras un dictamen de la Oficina Anticorrupción que aconsejaba al entonces ministro desprenderse de sus acciones, Aranguren las vendió. Sin embargo, la titular de la OA, Laura Alonso, es otra de las imputadas en la causa, y será indagada en los próximos días.
Doñete y Tailhade, los denunciantes, sostuvieron además que “el ministro Aranguren y otros funcionarios del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, han provocado una serie de actos perjudiciales para el Estado nacional en el marco de un desempeño incompatible con la función pública, justamente los que venimos a denunciar, con posterioridad a la presentación” ante la Oficina Anticorrupción.
En el expediente se remarcó que con la “la decisión estratégica” del Ministerio de Energía “de importar gas por el puerto de Chile en lugar de las vías que ya estaban en uso, el gasoducto con Bolivia por ejemplo”, se “puso en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado), la mayor proveedora de Gas del vecino país trasandino”.
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