La Argentina nunca tuvo una ley que institucionalice la crisis del calentamiento global. Pero este jueves podrá tenerla, si los diputados consiguen discutir en el recinto un proyecto de Ley de
Cambio Climático que ya obtuvo en julio media sanción en el Senado. Que no prospere hablaría mal de todos porque hay consenso sobre la severidad del tema y, a diferencia de otras normativas ambientales -como glaciares o bosques, que desnudaron los intereses en pugna de sectores industriales- en este caso no habría desacuerdos partidarios evidentes.
Pero todo puede suceder, y habrá que esperar. El proyecto fue impulsado a principios de este año por el senador Pino Solanas y la senadora neuquina Lucía Crexell. Lo tomaron como propio -y lo apuntalaron- organizaciones como Alianza por el Clima y Jóvenes por el Clima, que tuvieron fuerte presencia en las últimas manifestaciones callejeras contra la crisis global.
Una de las últimas marchas contra el Cambio Climático frente al Congreso.
“Por medio de esta ley se institucionalizará la acción frente a la crisis climática y ecológica. No tenemos una ley así a nivel nacional. Que haya obtenido unanimidad en julio en el Senado quiere decir que todos los bloques de todos los partidos y las provincias estuvieron de acuerdo, por lo tanto ahora los diputados también deberían estarlo”, explica Stephani Cabovianco, de Alianza por el Clima.
La ley propone crear un gabinete nacional de cambio climático, que será presidido por el jefe de Gabinete de ministros. Su función será implementar -entre las distintas áreas de gobierno- un “plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático”.
También crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, cuyos miembros deberán ser científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
Además, establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley. Y crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
Por otro lado, determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental.
“El objetivo es que la norma provea al Estado de la institucionalidad esencial para abordar una agenda muy exigente que tenemos por delante. Entre otros puntos, la formalización del Gabinete interministerial de Cambio Climático”, explica el diputado del PRO Carlos Villalonga. “El reloj ya está corriendo y en los próximos meses Argentina debe presentar una nueva meta de reducción de emisiones, más ambiciosa que la actual. Eso implica una fuerte negociación entre los distintos sectores económicos, es ahí donde el gabinete interministerial cobra mayor valor”, señala.
“Estamos luchando para que esté. Le falta el dictamen de la comisión de presupuesto y creemos que es posible que salga sobre tablas. No podemos decir que ya está, pero todos están de acuerdo. Esperamos que se apruebe sin modificaciones para que no vuelva al Senado. Es un proyecto que reúne las voluntades de todos y no tiene grandes enemigos como tenía la ley de glaciares, por ejemplo”, dice Enrique Viale, asesor legislativo y presidente en Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. “Debería salir, es parte de la lucha y estamos luchando para que salga”, cierra.
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