El fiscal Jorge di Lello imputó al presidente Mauricio Macri, y a varios de sus ministros por el “posible menoscabo de la soberanía nacional” en negociaciones y comunicados emitidos junto al Reino Unido respecto
a las Malvinas. También pidió suspender el nuevo vuelo de Latam que desde el miércoles 20 unirá las islas con Brasil y una vez al mes hará escala en Córdoba.
La resolución fue emitida cinco días antes de la inauguración del vuelo semanal entre San Pablo y Mount Pleasant, que una vez al mes hará una escala de ida y otra de vuelta en la ciudad de Córdoba. Se trata de un segundo vuelo al continente que se estableció tras una larga negociación que culminó los acuerdos de 2016 entre Mauricio Macri y el gobierno de la ex premier británica Theresa May. Estos son criticados por el kirchnerismo, que amenazó con suspenderlos. Di Lello es un fiscal de extracción peronista identificado con este sector.
Consultadas fuentes diplomáticas y del sector aéreo, aseguran que ese vuelo con escala en Córdoba, pautado para el miércoles próximo se hará. Pero nadie descarta que esté en peligro, ya que desde el sector más duro del kirchnerismo siempre apuntaron a una política de aislamiento de los isleños. Al mismo tiempo, aún en los años de mayor confrontación, cuando en su presidencia Cristina Kirchner amenazó a las islas con cortarle el vuelo semanal que funciona desde 1999 entre Mount Pleasant y Punta Arenas (Chile) con escala mensual en Río Gallegos, nunca dejó de operar. Este también es de Latam.
En suresolución di Lello pidió al juez Luis Rodríguez iniciar una investigación contra el mandatario saliente, y contra los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich; de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie; contra el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui y contra el exministro (también de Energía), Juan José Aranguren.
Lo que hizo Di Lello en su resolución fue hacerle lugar a una denuncia presentada por la abogada Valeria Laura Carreras por supuestas “irregularidades advertidas” en el manejo de la relación bilateral entre Argentina y Reino Unido por parte del Gobierno de Macri, desde asumió el poder, en diciembre de 2015.
Esta hace referencia a ese “comunicado conjunto” de 2016, conocido como los acuerdos (Alan) Duncan – (Carlos) Foradori. Eran los vicecancilleres que entonces lo firmaron. Di Lello señala que “esa nomenclatura (de comunicado) en realidad pretende esconder un convenio o acuerdo de entendimiento y debió haber sido tratado por el Congreso”.
La denunciante del acuerdo dice que ese comunicado cede a la “potencia usurpadora” no solo los “recursos mencionados”, sino que se la coloca “en absoluta ventaja estratégica”. Refiere por ejemplo a la parte en que el comunicado hace mención del Conflicto en el Atlántico Sur, y establece que las partes se comprometen a tomar “las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos” y potenciar el restablecimiento de los vuelos directos desde territorio continental argentino a las islas Malvinas.
En lo que hace al vuelo a las islas, un decreto autorizó a la empresa Latam a explotar servicios regulares en rutas aéreas que comprenden las islas del Atlántico Sur, lo que para Carreras y para Di Lello es “una renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo argentino”.
“Cualquiera sea la forma del instrumento, debería haber pasado por el Congreso para su tratamiento”, señala Di Lello, que apunta a que tras aquella negociación “se habrían materializado concursos Internacionales sobre áreas de explotación y exploración de recursos naturales nacionales, otorgando primacía a empresas de origen inglés”, razón por la que corresponde efectuar una “investigación en torno a la licitud de las adjudicaciones”.
En su conclusión, el fiscal señala que existe una “obligación institucional” por su parte, ante el “posible menoscabo de la soberanía nacional”, de adoptar “medidas urgentes” para “preservar” al Estado Argentino de “posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional”.
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