Así lo revelaron fuentes judiciales al señalar que el magistrado emitió cinco órdenes de presentación, que diligenció a través de la Gendarmería, para que la Cancillería, la Jefatura de Gabinete, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Dirección Nacional de Migraciones y las empresas TAM y/o Latam, remitan la información solicitada antes del martes, a las 11, bajo apercibimiento.
Las medidas de prueba fueron ordenadas en el marco del expediente en el que ayer el fiscal federal Jorge Di Lello requirió que se investiguen posibles irregularidades en el manejo de la relación bilateral Argentina-Reino Unido por parte del gobierno de Mauricio Macri y solicitó que se suspenda el primer vuelo de la compañía Latam que unirá San Pablo (Brasil) con las Islas Malvinas, cuya soberanía sigue en disputa ante la ocupación británica.
El fiscal había requerido investigar si distintos funcionarios del gobierno nacional participaron de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido que pudieron haber violado la soberanía nacional y señaló que los hechos investigados comenzaron con el comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016 suscripto entre las cancillerías de ambos países.
A la Cancillería argentina, el juez Rodríguez le ordenó brindar información sobre los documentos suscriptos con motivo de la reunión de trabajo mantenida entre el entonces vicecanciller Carlos Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de relaciones exteriores británica, Alan Duncan, detallada en el comunicado conjunto.
El magistrado le ordenó a la ANAC que remita los expedientes vinculados a decreto 602/2019, que autorizó los vuelos directos entre San Pablo y las Islas Malvinas, y otra ruta aérea con una escala en la provincia Córdoba. Y que informe las previsiones adoptadas en relación al vuelo LA8208, previsto para el 20 de noviembre.
Además, el juez le ordenó a la ANAC que detalle si recibió peticiones de autorización para explotar servicios de cualquier índole en rutas con destino o escala en Islas Malvinas por parte de Aerolíneas Argentinas o cualquier otra empresa; y que enumere los vuelos realizados desde cualquier parte de Argentina que aterrizaron en las Islas Malvinas desde 2015.
A la Dirección Nacional de Migraciones, el magistrado le indicó que informe las tareas que desplegará y los trámites que se formalizarán respecto de quienes llegarían a Córdoba, así como quiénes abordarían “ese vuelo con destino a Islas Malvinas (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)”.
En tanto, a la jefatura de Gabinete de ministros del Gobierno Nacional, el magistrado le ordenó que informe si hubo demandas administrativas o judiciales por el decreto y que remita copia del expediente que culminó en la firma del mismo.
Por otra parte, el magistrado le ordenó a la “TAM Linhas Aéreas S.A. y/o LATAM Airlines Group” remitir la nómina completa de pasajeros y tripulantes e incluir en el informe el aeropuerto de embarque y desembarque de quienes serán parte del vuelo.
La abogada Valeria Carreras, denunciante en este expediente, había señalado que los acuerdos suscriptos con el Reino unido eran inconstitucionales y que la nomenclatura “Comunicado Conjunto” pretendía soslayar que, a la luz del artículo 75 de la Constitución Nacional, el tema debió haber sido tratado por el Congreso Nacional.
Entre los hechos a investigar, el fiscal detalló “licitaciones y adjudicaciones de Áreas del Atlántico Sur a empresas británicas; el Decreto 602/19 referido a vuelos a Malvinas y concesión de permisos de pesca y explotación del territorio marítimo de la zona del Atlántico Sur”.
En relación al vuelo a Malvinas, Di Lello había remarcado que correspondía que el juez del caso evalúe ordenar su suspensión de forma urgente.