Cambios en el Código Procesal: De Vido, Boudou, Baratta y Báez, entre quienes buscarán salir de la cárcel

esa línea, la decisión de la Comisión Bicameral del Código Procesal Penal reabrió esta semana el debate sobre las detenciones ordenadas en diversos expedientes de corrupción. Pero los cambios, si ocurren, no serán automáticos para quienes continúan en prisión.

“Pedir, se va a pedir la excarcelación, sin duda, pero se deberá analizar caso por caso”, dijo un importante abogado que tiene a su cargo la defensa de un ex funcionario kirchnerista de peso. Todo indica que antes del inicio de la feria judicial de verano, una gran cantidad de planteos se formularán en los tribunales de Comodoro Py, con un reclamo reiterado: pedidos de excarcelación.

Con los flamantes cambios que limitan las prisiones preventivas, la Bicameral del Congreso ofrece un nuevo argumento a aquellos planteos. Los primeros beneficiarios podrían ser algunos ex funcionarios y dirigentes K detenidos, como también empresarios. El Congreso enumeró medidas previas a la prisión preventiva que ahora deberían tener en cuenta los jueces.

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El Congreso limitó las prisiones preventivas y podrían beneficiarse ex funcionarios K

Para los detenidos sin condena o con condenas que no hayan quedado firmes -sólo con confirmación de la Casación, a la espera del tratamiento de la Corte- se abre la posibilidad de contabilizar las penas que deberían cumplir y a partir de ese cálculo establecer cuándo podrán pedir una libertad condicional, por ejemplo.

La condena de Amado Boudou por el caso Ciccone se terminará el 1 de junio de 2024. Según los nuevos límites, podría solicitar antes de lo previsto su libertad condicional. Algo a lo que podría apelar Julio De Vido​ si se confirma la condena en su contra por la tragedia de Once.

Por supuesto, la primera discusión será en los casos de quienes están presos sin condena alguna, como Lázaro Báez​ que el 5 de abril de 2020 cumplirá cuatro años en la cárcel. El juicio en su contra por lavado de dinero concluirá antes de esa fecha. “Se tiene que analizar cada caso para ver si cabe alguno de los planteos que dice el Código sobre qué es entorpecer una investigación”, señalaron fuentes judiciales a Clarín. Báez podría quedar bajo esa lupa.

Como él, ya muchos abogados comenzaron a analizar la situación de sus defendidos para reclamar los posibles beneficios, que luego cada juez deberá evaluar.

Por ejemplo, Roberto Baratta​ preso en la causa de los cuadernos de las coimas, no cuenta con ninguna condena y la causa con 52 procesados ya está elevada a juicio oral. El ex funcionario tiene audiencia en la Cámara de Casación por el reclamo sobre su libertad. Su defensa sostiene que no se trata de un nuevo planteo el que se puede formular a la luz de los determinado por el Congreso.

El proyecto que potencialmente podría beneficiar a algunos presos K -tal como lo ven muchos de sus abogados- es también una herramienta, para los letrados, que permitirá “alejar el peligro de una prisión preventiva a quienes hoy están procesados pero no fueron detenidos, como los ex funcionarios y empresarios del caso cuadernos”. Esto alcanza a muchos directivos y dueños de compañías que obtuvieron la excarcelación, pero siguen procesados.