El juicio oral por el caso de los falsos médicos de Cañuelas comenzó con algunas contradicciones de testigos y la sospecha sobre una posible connivencia de funcionarios de Salud por
el manejo irregular de contrataciones. El Tribunal Oral 1 de La Plata inició el proceso contra el brasileño Felipe Nori Haggi Lacerda, quien habría sustituido la identidad de un médico de la misma nacionalidad para trabajar en el hospital “Dr Angel Marzetti” de Cañuelas.
Nori se desempeñó como médico generalista por nueve meses sin tener título. También realizó guardias en otros centros asistenciales del distrito. Para eso usó la matrícula, el DNI y el diploma de un médico brasileño, Joao Peixoto Dos Santos Neto, con quien había estudiado.
Cuando estalló el escándalo, en julio de 2018 se descubrió que también una mujer llamada Thais Soares Costa había ejercido en el mismo hospital con la identidad de otra mujer, Sonia Banhuki Galvao. Fue denunciada en la Comisaría Nº1 de Cañuelas, por los mismas causales que Nori: ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título público.
Nori estuvo unos días en prisión pero recuperó su libertad. Incluso logró una autorización para viajar a su país de nacimiento y pasó unas vacaciones en la playa.
Toda la maniobra de falsificación de identidad se detectó cuando Nori presentó papeles para casarse con su pareja y hallaron irregularidades en sus partidas.
Felipe Nori en Brasil, junto a su pareja.
Este miércoles la asesora legal del hospital, Brenda Rodríguez; la ex administradora Diana Barcia y el ex director Federico Pequeño fueron los primeros testigos citados en la audiencia. Todos coincidieron en que los coordinadores de Guardia y Emergencias, Fabiana Pereyra y el médico Hernán Carpio, eran los responsables de “contactar” a los postulantes a que ingresaban, “pedirles los papeles” y asentar las guardias que había que pagarles. De acuerdo con sus declaraciones, los contratos “llegaban ya definidos” hasta la dirección donde se firmaban.
A partir de este aporte, el fiscal Javier Berlingieri (que hizo la instrucción y también está a cargo de la acusación en el juicio) decidió citar a Pereyra, Carpio y Velázquez. Será en la reanudación del debate previsto para el viernes 22.
Hay un punto que abre sospechas en la fiscalía: quiénes fueron responsables de la contratación y si Nori los engañó mediante la presentación de documentos falsos o si existía una estructura más compleja que habilitaba estas irregularidades.
Esta última hipótesis planteó el abogado que patrocina a los dos médicos brasileños a quienes les “robaron” la identidad. Héctor De Estéfano dijo a Clarín que “sin dudas Nori es solo un eslabón en una cadena de corrupción que alcanza toda la estructura sanitaria y del estado municipal. Y que llega al intendente”.
El letrado representa a Joao dos Santos y Sonia Galvao, quienes quedaron involucrados en forma indirecta, según explicó. “Para ellos fue una situación traumática. Dos Santos se volvió a su país porque no pudo trabajar más en Argentina a partir de este caso”, explicó el defensor.
El aporte de los testigos resultó confuso en algunos tramos. Brenda Rodríguez, por ejemplo, afirmó que ella no intervenía en los contratos, pero cuando se sentaron los ex directivos Pequeño y Barcia la desmintieron. “Rodriguez redactaba los convenios”, dijeron.
Rodríguez también dijo que Barcia no participaba de cuestiones de personal, pero el fiscal Berlingieri mostró un documento con su firma relacionado con una licencia. Se percibió la incomodidad de la ex funcionaria.
El primer testigo fue Mauricio Eskinazi, presidente del Colegio Médico de Morón. Negó la existencia de la figura del “paramédico” en los hospitales públicos y privados de Argentina. Es que Nori había argumentado que el contrato para trabajar en Cañuelas era para cumplir esa función.
Felipe Nori Haggi Lacerda
Pequeño recordó que Nori se presentaba como “médico generalista”, aunque no pudo responder cómo hizo para cobrar hasta 150 mil pesos de sueldo. El dato se conoció pocos días después de que estalló el caso en Cañuelas.
Nori, es asistido por Violeta Muratorio, del estudio de Miguel Angel Pierri, y por Juan Fontana. El delito que le imputan al falso médico tiene una pena en expectativa menor a los tres años de prisión. Si no se confirma su participación en una organización dedicada a fraguar documentos podría continuar libre después del juicio oral. El máximo de la sanción le concedería una pena en suspenso.
La Plata. Corresponsalía.
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