Sin la inclusión de Cristina Kirchner, quien obtuvo una falta de mérito por parte de la Sala I de la Cámara Federal porteña, el fiscal Carlos Stornelli pidió
que vayan a juicio oral Julio De Vido, Claudio Uberti y un grupo de empresarios por los sobornos vinculados a las concesiones de los corredores viales.
El juez Claudio Bonadio determinó que “la maniobra ilegal realizada en el otorgamiento y control de la obra pública en la Dirección Nacional de Vialidad adquirió una magnitud considerable, se decidió separar la investigación de los hechos ocurridos en el periodo 2003-2007 en el OCCOVI”.
A estas actuaciones se agregaron los dichos que, como imputados colaboradores, efectuaron Claudio Uberti, Marcela Edith Sztenberg, Patricio Gerbi y Miguel Marcelino Aznar. Las concesiones investigadas fueron el Acceso Norte (Autopistas del Sol S.A.), Acceso Oeste (Grupo Concesionario del Oeste S.A), Acceso Riccheri (AEC S.A), Ruta 8 tramo Pilar a Pergamino, su concesionario era Corredor Americano.
En este expediente se investigaron las entregas de dinero como parte del sistema recaudatorio principal de sobornos, haciendo referencia a otros rubros que se encontraban bajo la órbita del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Puntualmente, el fiscal Stornelli consideró que “las declaraciones de algunos de los imputados arrepentidos, inmersos en aquella trama de pagos ilícitos, habilitaron la ampliación de la pesquisa en esa dirección y dieron lugar a la formación –entre otros- del presente legajo, enfocado en dilucidar la existencia de intercambios ilegales en el período 2003-2007 durante la ejecución de los contratos de concesiones viales”.
Para Bonadio, los pagos efectuados por los empresarios en este contexto perseguían el mantenimiento de tales concesiones, el reparto de los fondos concentrados en la Unidad de Coordinación de Fideicomisos –UCOFIN- o bien la no imposición de sanciones por parte de las autoridades competentes.
Al compás de esa hipótesis en el requerimiento de elevación, se enumeró a diversos individuos a quienes identificó –desde sus vínculos o posiciones societarias- como los responsables por las entregas que conformaron la contracara de los cohechos pasivos atribuidos a los funcionarios públicos.
Así, por el corredor vial Nº 1 resultaron procesados Marcela Edith Stenberg y Patricio Gerbi; por el Nº 2 José Darío Clebañer y Obdulio Ángel Barbeito; por el Nº 3 Miguel Marcelino Aznar; por el Nº 4 Juan Manuel Collazo y Juan Marcos Carlos Perona; por el Nº 5 Marcelo Marcuzzi, Jorge Stocker y Oscar Glikstein; y finalmente, por el corredor Nº 6, Ángel Daniel García y Miguel Ángel Marconi.
La confesión clave en esta causa fue la de Claudio Uberti quien en su rol de imputado colaborador. “Sus relatos destacan por su crudeza, que es reflejo del puesto estratégico que el imputado desempeñó en esta trama: el de titular del Órgano de Control de Concesiones Viales”, indicaron los camaristas.
Según afirmó Uberti, y ante la necesidad de renovar las concesiones a fines del año 2003, Julio De Vido le había dicho que “el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo, porque vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer cagar. Tenés que llamar a los empresarios y decirles que pongan, te van a llorar, pero vos deciles que pongan porque si no el presidente no va a firma[r], si no renunci[á]”.
Para la Justicia, las decisiones se tomaron “en la más alta de las posiciones dentro de la asociación ilícita que se mantuvo durante más de doce años y atravesando tres presidencias -dos de las cuales fueron ejercidas por la nombrada- la particularidad del sub examine radica en que los pagos ilícitos fueron detectados entre los años 2003 y mediados de 2007”. Es decir, una ventana temporal que abarca todo el desempeño de Claudio Uberti en el OCCOVI, pero deja afuera a Cristina Kirchner porque asumió después de 2007.
Respecto a De Vido, la acusación lo ubica como el encargado de ordenarle a Claudio Uberti “que desarrollara la recaudación ilegal dentro de los contornos del OCCOVI. Ello se aprecia de modo claro en los ya citados fragmentos del legajo de arrepentido” del ex funcionario.
En consecuencia, “el imputado deberá responder como coautor del delito de cohecho pasivo reiterado en seis oportunidades, hechos estos que concurren realmente entre sí y con el rol de organizador de la asociación ilícita que le fuera adjudicado en la ya elevada a juicio”, agrega la resolución.
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