La CIDH convocó a la audiencia -en la que estarán presentes representantes del Estado- a partir de un pedido de Memoria Activa y el Centro de Estudios
Se trata de la audiencia de alegatos, último paso antes de que la Comisión dicte el informe de admisibilidad y fondo y declare la “responsabilidad internacional del Estado argentino por la falta de prevención del atentado, el desvío y encubrimiento de la investigación, la denegación de justicia y la falta de verdad”, informó el CELS en un comunicado.
Luego de esto, el caso deberá pasar a ser tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hace 20 años, en 1999, los familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en Memoria Activa denunciaron la responsabilidad de la Argentina por la falta de respuesta y por las irregularidades manifiestas para encubrir el atentado que ya eran públicas.
El pedido de Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales responde también al “incumplimiento” del Estado de los compromisos asumidos en 2005, con el decreto 812/05.
Mediante ese decreto, con fecha 12 de julio de 2005, se aprobó el Acta suscripta el 4 de marzo de ese mismo año en la CIDH, por medio de la que el PEN reconoció la responsabilidad internacional del Estado y se propuso una serie de medidas para garantizar la investigación del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.