Luminarias que no funcionan, contenedores de residuos mal ubicados o falta de limpieza en calles y veredas, escaleras mecánicas que tampoco funcionan, lo mismo que las fallas que presentan las tickeadoras del sistema de estacionamiento medido en la Ciudad de Buenos Aires, conforman el “top five” de denuncias recibidas en el Ente Regulador de Servicios Públicos por parte de los porteños y por las que este organismo se encarga de multar a las empresas prestatarias que no cumplen. Ya que es el encargado de controlar, seguir y resguardar la calidad de los servicios públicos brindados a los usuarios. También es el que fija las multas de acuerdo con los pliegos de la concesión y el que supervisa la solución del problema.
En el caso de luminarias, las quejas tienen que ver tanto con la falta de luces LED, como con la reparación e instalación de las columnas. Mientras que con respecto al servicio prestado por el subte, por ejemplo, se relacionan directamente con su calidad. Sobre todo por las deficiencias que presentan las escaleras mecánicas y los ascensores en las estaciones del metro porteño.
Más allá de las denuncias que realizan los vecinos, que se pueden hacer a través de la página entedelaciudad.gov.ar y de la línea 0800-222-3683 (ENTE), la entidad de control cuenta con un plantel de casi 200 agentes que se encargan de fiscalizar los servicios a partir de un nuevo esquema de trabajo establecido desde el organismo. Los agentes reciben la información a través de una app en su celular, hacen el recorrido asignado y luego envían la información recolectada por la misma aplicación. “De esta manera hay mayor presencia de agentes en la calle. También se utiliza un ‘mapa de calor’ para determinar las zonas con mayores deficiencias en la Ciudad. A raíz de esto se mejora el servicio a los vecinos porque las empresas, con las que no existe ninguna relación, están mejorando por los controles que se hacen”, señaló al respecto Alejandro Ameijenda, titular del organismo de contralor. “Los fiscalizadores no pisan la administración central, que es en donde se procesa todo de acuerdo a los pliegos y condiciones de cada uno de los servicios controlados”, agregó.
A raíz del trabajo realizado por el ente, hasta septiembre de este año se multó a las empresas consecionarias por $ 118.507.580, mientras que se cobraron $ 50.020.761. El año pasado, en tanto, la cifra cobrada llegó a los $ 42.482.362 y se hicieron multas por $ 44 millones.
“El objetivo del ente es trabajar en la calidad del servicio, no somos un organismo recaudador. El vecino quiere que los servicios funcionen correctamente. No les interesa la multa que se les aplica a las empresas”, señaló Ameijenda, en su charla con PERFIL. “Apuntamos a ir avanzando en la mejora del servicio que se presta a los usuarios”, agregó.
La nueva sede del ente se encuentra en la calle Diógenes Taborda al 100, en Parque Patricios, a pocas cuadras de la sede gubernamental de la calle Uspallata. Es un edificio de última generación que se amolda a la nueva tipología de oficinas públicas: abiertas y sin papeles.