“No cuento con la clara antes de que la gallina ponga el huevo”, dijo el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una entrevista reciente al hablar
de su posible libertad tras 580 días de detención en una dependencia policial de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil.
Ahora, tras la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de declarar inconstitucional la detención de acusados con condenas en segunda instancia, esa posibilidad quedó más cerca que nunca, y el ex mandatario ya traza planes para una vida en libertad. Por la determinación del STF las penas de los condenados comenzarán a ser cumplidas después de agotadas todas las fases de apelación.
El casamiento con Rosángela da Silva, una socióloga varias décadas más joven que el ex presidente, y viajes por el país para defender su legado, están entre los planes más anhelados por el ex líder sindical, cuya defensa busca que el STF anule los procesos en su contra con el argumento de que el ex juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia de Brasil, fue parcial al juzgar a Lula.
“Continuará apelando para anular la sentencia a través del habeas corpus sobre la parcialidad de Moro, hará una evaluación política de la situación brasileña tan pronto como sea posible, y recorrerá Brasil defendiendo la soberanía nacional y el legado de su gobierno”, dijo a Clarín un muy cercano colaborador del ex presidente mientras abordaba un vuelo hacia Curitiba.
La revelación sobre el casamiento de Lula fue hecha por Luiz Carlos Bresser-Pereira, ministro de Hacienda de Brasil en la década de 1980, tras visitar a Lula meses atrás. El economista, defensor de políticas proteccionistas, contó que vio a Lula enamorado. Rosángela da Silva vive en Curitiba aunque nació en San Pablo y mantuvo con Lula una amistad por largo tiempo que el año pasado se transformó en noviazgo.
Según las leyes brasileñas, Lula podría dejar la cárcel sin tobillera electrónica y su pasaporte no sería retenido, por lo que podría viajar fuera de Brasil. Sus abogados pidieron este viernes su inmediata liberación a la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que ha sido rigurosa con el ex mandatario condenado por corrupción: prohibió que concurra al velatorio de uno de sus hermanos y vedó que líderes religiosos lo visiten semanalmente.
Sin embargo, dada su jerarquía, Lebbos no podría oponerse a una orden del STF, aunque si demorar la liberación de Lula por algún formalismo, como la necesidad de aguardar a que la decisión del alto tribunal sea publicada. El Supremo brasileño no llegó a un acuerdo sobre si, tras el fallo, correspondía otorgar la libertad automática a los detenidos condenados en segunda instancia, por lo que las defensas deben solicitarla a los magistrados correspondientes.
Un seguidor de Lula protesta frente al lugar donde el ex presidente está detenido. / Reuters
La decisión del STF tampoco afecta a los detenidos con prisiones cautelares, por lo que Lula podría volver a la cárcel si una medida de este tipo le fuera dictada, algo que no ocurrió durante el proceso judicial que enfrentó tras ser denunciado por corrupción pasiva, lavado de dinero y ocultamiento de patrimonio. Una detención cautelar puede ser dictada por un juez en caso que considere que el acusado presenta riesgo a la sociedad o las investigaciones.
Lula, dado la condena en segunda instancia que le aplicó el Tribunal Regional 4 de Porto Alegre, sigue siendo inelegible por la ley brasileña de Ficha Limpia. Sin embargo, podrá volver a candidatearse si la corte anula los procesos en su contra. Además de las dos condenas, una de ellas con fallo de cámara, Lula enfrenta otros seis procesos por distintas acusaciones, entre ellas corrupción y asociación ilícita.
Se espera que el STF trate en breve la petición de la defensa de Lula sobre la conducta del ex juez Moro en el proceso. Los cuestionamientos a la actuación del hoy ministro de Justicia cobraron fuerza con las publicaciones del portal The Intercept, que reveló conversaciones extraídas ilegalmente de celulares de Moro y fiscales del Lava Jato que pusieron en duda la imparcialidad del ahora ex magistrado, quien no reconoce la autenticidad de esos mensajes.
Seguidores de Lula en Curitiba. / AFP
Esas conversaciones revelaron también supuestas maniobras de fiscales y de Moro contra jueces del STF, lo que influyó en la disposición de miembros del alto tribunal a tratar el caso. El más notorio cambio de posición en la corte suprema fue el del juez Gilmar Mendes, quien se convirtió en un feroz crítico de los “abusos” cometidos por el Lava Jato en el combate a la corrupción.
Recientemente, en otro golpe a la operación anticorrupción, el STF decidió que los acusados delatados en los procesos del Lava Jato debían haber sido escuchados después de los delatores, lo que llevó a la anulación de condenas a acusados por corrupción.
En el Congreso, en tanto, legisladores que destacan la importancia del Lava Jato para el combate a la extendida corrupción en el país, buscan reinstaurar la legalidad de las detenciones de acusados con condenas en segunda instancia a través de una enmienda constitucional.
No está claro cuánto apoyo esa iniciativa pueda tener en el Congreso, pero fue el propio presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, quien la sugirió, anticipándose a críticas de los insatisfechos con la decisión del tribunal.
Brasilia, corresponsal