El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, cambió la jurisprudencia vigente y declaró inconstitucional detener acusados con condenas en segunda instancia, sin esperar a que se agote la
posibilidad de realizar apelaciones.
La decisión dejó cerca de recuperar la libertad al encarcelado ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Y su defensores adelantaron que presentarán mañana un pedido para su liberación inmediata.
El fallo del tribunal de 11 miembros, que con el cambio de la jurisprudencia vigente desde el 2016 beneficiaría a un total de 4.895 detenidos, fue tomada por una ajustada mayoría de seis votos contra cinco.
El voto de desempate fue del presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, quien dijo, repitiendo la letra de la Constitución, que “nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juicio de la sentencia penal condenatoria” y remarcó que su decisión no analizaba hechos sino la compatibilidad constitucional de las detenciones de acusados que aún tramiten recursos ante la justicia.
Toffoli aclaró que la decisión, que debe tener carácter inmediato, no afecta la declaración de eventuales detenciones cautelares.
Los jueces que se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad enfrentaron en las redes sociales duras críticas por su decisión, y también una amplia movilización de parlamentarios –gran parte de ellos de la llamada bancada de la bala, partidarios de la mano dura contra el delito-, preocupados con la posibilidad de que el cambio en la jurisprudencia perjudique el combate a la corrupción. Toffoli dijo que los congresistas, si así lo desean, podrían cambiar las leyes para que autorizar las detenciones de acusados condenados en segunda instancia.
Tanto el presidente Jair Bolsonaro como su ministro de Justicia, el ex juez Sergio Moro, se pronunciaron a favor de las detenciones de acusados condenados en segunda instancia.
El titular de la Corte recordó que inició el juicio tres semanas atrás afirmando que no se estaba decidiendo sobre ningún caso en particular sino sobre demandas de inconstitucionalidad de las detenciones de acusados condenados en segunda instancia presentadas por dos partidos políticos, uno de izquierda y uno de derecha, y por el colegio Orden de Abogados de Brasil (OAB).
Pero las presiones al tribunal, las acusaciones a algunos jueces y las consecuencias de la decisión sobre la situación de presos como Lula, su ex jefe de Gabinete José Dirceu y unos 40 condenados por la Operación Lava Jato, hicieron que el nombre del ex presidente resonara en el tribunal.
“El caso de Lula contaminó este debate, lo que terminó no siendo bueno. Yo mismo soy llamado por esa gente de las redes sociales como un corifeo del petismo”, dijo el juez Gilmar Mendes al fundamentar su voto contra la ejecución anticipada de penas que, según la corte, entraña detener a acusados con condenas en segunda instancia.
“Ofende el principio de la presunción de no culpabilidad”, agregó.
En un día en que las atenciones del país se dividieron entre el debate en la corte y una pelea a trompadas entre los periodistas Augusto Nunes y Glenn Greenwald, quien desde su portal The Intercept viene publicando mensajes supuestamente extraídos de celulares del ex juez Moro y fiscales del Lava Jato que pusieron en duda la imparcialidad del ahora ministro de Justicia en el proceso contra Lula, el diputado del Partido de los Trabajadores (PT) Wadih Damous, ex presidente de la OAB, elogió el voto de Mendes, al que calificó como “lapidario y demoledor del populismo penal mediático”.
Para el cambio de jurisprudencia de la corte pesaron decididamente esas filtraciones de The Intercept, que mostraron también supuestas maniobras de jueces y fiscales contra miembros del Supremo.
El ministro de Justicia y los fiscales del Lava Jato niegan la autenticidad de esos mensajes, pero Mendes dejó clara su influencia, mencionando la información publicada por ese portal, crítico de Bolsonaro, y acusando a fiscales de Curitiba, capital del Lava Jato, de ser “mucho mejores en marketing que en derecho”.
El juez decano de la corte, Celso de Mello, remarcó, al emitir su voto, que el combate al delito no está por encima de los derechos de los acusados.
“La represión a cualquier modalidad de delito no puede realizarse sin respeto y transgrediendo el orden jurídico y los derechos fundamentales de aquellos que sufren la investigación penal o la persecución criminal”, dijo Mello, agregando que el desconocimiento de garantías fundamentales es propio de sociedades primitivas.
Lula, en tanto, en una entrevista reciente, dijo que no tenía expectativas sobre una inminente salida de la cárcel ya que “nunca cuento con la clara antes que la gallina ponga el huevo”.