Los integrantes de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Nacional ratificaron este jueves el fallo de primera instancia que obligó a la Oficina Anticorrupción (OA) a entregarle a la
Auditoría General de la Nación (AGN) el material de las investigaciones que se hayan iniciado sobre del accionar de funcionarios del gobierno nacional.
Los jueces Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández rechazaron la apelación que presentó la OA tras la sentencia del pasado 19 de septiembre, con la que se ordenó entregar el material solicitado en un plazo de hasta 15 días.
El tribunal fundamentó su definición en el “derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la Administración” y reiteró que la OA, que conduce Laura Alonso, debe cumplir con el pedido de la AGN.
Incluso, la novedad es que el reciente fallo judicial establece que la OA tiene que pagar “las costas” del proceso.
Así queda firma la sentencia de primera instancia que firmó el juez Enrique Lavié Pico al considerar que la OA no cumplió con los parámetros elementales de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Cuando un fallo es arbitrario, se apela. Acá y en cualquier Estado de Derecho. La OA respondió en estos años más de 50 pedidos de información, más de 150 requerimientos de legisladores y más de 250 oficios de jueces y fiscales. A los que dicen que escondemos información, cucha!
— Laura Alonso ? (@lauritalonso) September 24, 2019
El magistrado advirtió que la “negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática. Y agregó, a través de su fallo, que esa postura “implica, en consecuencia, una acción que recorta de manera severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia”.
“En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto un sistema restringido de excepciones”, completó Lavié Pico.
Apenas se conoció ese revés judicial, Laura Alonso manifestó que “el fallo del juez Lavié Pico fue apelado por arbitrario, entre otros puntos”.
La AGN, organismo que depende del Congreso de la Nación y que dirige Oscar Lamberto, inició en 2018 sus pedidos a la OA y, ante los argumentos que frustraron su acceso al material solicitad, en junio pasado recurrió a la Justicia.
“Cuando nosotros hacemos una auditoria toda la información que viene a nuestro poder es confidencial hasta el momento en que aprobamos el informe y se hace público. Nadie puede decir que no manda la información porque es sensible. Somos un organismo suficientemente responsable con deberes profesionales de confidencialidad”, explicó Lamberto en declaraciones radicales que realizó por aquellos días.
El titular de la AGN aseguró que la situación que se produjo ante los reparos que puso la OA para suministrar el material solicitad es “bastante excepcional”. “Siempre hay funcionarios de cada Gobierno que colaboran más que otros, pero finalmente uno accede a la información que es lo que necesitamos para hacer las auditorías”, completó.
Incluso, el pedido que se elevó a la justicia contó con la firma del total de los siete auditores generales: cinco representan al peronismo y los restantes al radicalismo.
“Fue por unanimidad, lo que muestra el hartazgo, la pérdida paciencia, porque también tiene un costo para el Estado tener el equipo parado nueve meses como consecuencia de una decisión de un funcionario que no colabora”, agregó Lamberto.