Una causa donde se investiga a Cristina Kirchner y Lázaro Báez toma impulso en la Justicia. Se trata del expediente 2146/2019 donde ambos están imputados por lavado de dinero. La investigación,
a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, busca determinar si los bienes por más de 205 millones de dólares que adquirió el contratista K son producto de un ilícito y si actuó como testaferro de los ex presidentes, Cristina y Néstor Kirchner. Para ello el área de Recupero de Activos se encuentra relevando todas las propiedades del empresario K y buscan determinar cómo logró adquirirlas y quiénes intervinieron.
“Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre, y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara”, dijo hace meses Lázaro Báez en una conversación presuntamente con una de sus abogadas. El sugestivo comentario fue solicitado por el fiscal Marijuan y por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de una causa que se desprendió de la conocida como “la ruta del dinero K”.
Esta nueva investigación inició por un pedido de la Oficina Anticorrupción (OA) en su rol de querellante en la causa principal conocida como la Ruta del Dinero K, que se encuentra en juicio oral desde octubre del año pasado y donde Báez está acusado de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013 a través de Austral Construcciones y otras firmas vinculadas a él.
El expediente actual, se concentra exclusivamente en la fortuna del empresario K, “como un hecho escindible de las operaciones de blanqueo”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
En el dictamen el fiscal Marijuan indicó: “De acuerdo a los hechos resultan imputados Lázaro Báez y Cristina Kirchner”. El 6 de marzo pasado se ordenó que la causa se analice por separado de “la ruta del dinero K”.
Entonces, se abrió la causa para investigar las operaciones “de adquisición de bienes en el país mediante sociedades del Grupo Báez” como también a título personal. Durante la instrucción de “la ruta del dinero K” se detectaron “numerosas exteriorizaciones patrimoniales en el país por parte del Grupo Austral y sus integrantes”.
La Justicia corroboró que la fortuna de Báez en bienes registrados y detectados por la fiscalía asciende a 205.134.525 dólares, que “fueron adquiridos con dinero desviado de las arcas del Estado mediante maniobras de asignación irregular de obra pública, siendo Lázaro Báez, testaferro del matrimonio Kirchner”, remarcó la UIF otro organismo del Estado, que exigió esta investigación.
Fue el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) después de más de 150 allanamientos realizados por la fiscalía, quien determinó que durante los doce años de kirchnerismo Báez acumuló 1.412 propiedades y vehículos, y que el valor de su fortuna asciende 3.058.871.300 pesos: 205 millones de dólares, lejos de los 66 millones de pesos que declaró ante la AFIP en 2013.
El patrimonio del empresario K se compone de terrenos, casas, departamentos, cocheras, hoteles, empresas, estancias, locales comerciales, estaciones de servicio, galpones, edificios, aviones, vehículos y maquinaria vial. Las propiedades están distribuidas en diez localidades de Santa Cruz, también en las provincias de Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco y Santiago del Estero, además de Capital Federal. Además, se contabilizaron en 972 vehículos y maquinaria vial perteneciente a Austral Construcciones.
Todo se encuentra embargado por la justicia federal.
El objetivo ahora, según fuentes judiciales, es determinar “si los bienes se adquirieron como prestanombre de los ex presidentes, si el contratista K actuó como una “persona interpuesta”, es decir como un testaferro de la familia Kirchner.
El área de Recupero de Activos de la Procuración Genera está trabajando sobre cada propiedad de Báez determinando cuándo se adquirió y cómo fueron las operaciones al igual que las personas intervinientes.
En la mira quedó el escribano Ricardo Albornoz quien figura en la mayoría de las operaciones inmobiliarias de Báez. Por eso se solicitó al Colegio de Escribanos de Santa Cruz que informe sobre la normativa que debía aplicarse en la compra venta de inmuebles.
“Respecto a cada propiedad se va a determinar el dueño actual, quién se la vendió, el escribano que intervino, bajo qué monto”, explicaron.