Créditos equivalentes a préstamos inmobiliarios, matrículas exorbitantes y un sistema de endeudamiento organizado por el Estado: la educación ha estado en el centro de los conflictos sociales que se han sucedido
en Chile a lo largo de los últimos 30 años.
“Actualmente yo no sé cuánto debo, porque con los intereses debo más del monto total que costaba la carrera. Va sumando y sumando y tuve que contratar un crédito para pagar los intereses de mi primer crédito“, dijo a la AFP Paulina Gómez, una periodista de 34 años.
Dos semanas después del comienzo de las protestas en el país, durante una reunión ciudadana -como tantas que tienen lugar todos los días en Santiago- sobre el tema del endeudamiento estudiantil, los testimonios se suceden y pintan el mismo cuadro: relatos de deudas de varias decenas de miles de dólares que crecen como consecuencia de tasas de interés que asfixian a los jóvenes.
“A finales de los años 90, los recursos del Estado eran insuficientes para los estudios, lo que generó este endeudamiento”, explica Gonzalo Muñoz, especialista en educación y profesor en la Universidad Diego Portales.
Fue en esa época en la que nació el CAE (Crédito con Aval del Estado), un dispositivo financiero que calza perfectamente con el modelo neoliberal instalado en Chile y que es el centro de la ira de los manifestantes contra el gobierno de Sebastián Piñera.
Guillermo Jobia, un jurista de 24 años recientemente recibido, dijo a la AFP que pagó por estudiar el equivalente a “una casa”, y eso siendo becario. “Estoy endeudado hasta 20 millones (unos 27.000 dólares) y creo que no voy a terminar de reembolsarlo, al menos que gane… no sé, una cosa imposible aquí”.
AFP
La mayoría de los jóvenes chilenos trabajan durante su formación, pero en empleos precarios de baja remuneración en un país en el que el salario mínimo es de unos 420 dólares.
Gunther Birchmeier, de 30 años, no conseguía, con sus trabajos como camarero o empleado de supermercado “por las noches o los fines de semana”, reunir los 500 euros mensuales que costaba su facultad. “La universidad me bloqueó y no podía seguir estudiando”, cuenta.
Hace cinco años que rembolsa los préstamos que recibió, y le “quedan 15”. Y además, “tienes que ver el tema de los intereses, porque una cosa es lo que te prestaron y otra es con el interés. Me prestaron 10 millones (unos 13.300 dólares) y estoy pagando como 20 millones, 100% más”, calcula.
Empleado en una empresa de ciberseguridad, Gunther carece de todo ahorro. “Estoy atrapado. Si me despiden, no tengo nada”.
A Paulina la agencia encargada del cobro de las deudas la “acosa” con cartas y llamados telefónicos, incluso en su lugar de trabajo. “Actualmente no pago, porque no tengo la liquidez y si pagara tendría que pagar solo los intereses, que son más o menos 5 millones de pesos”, unos 6.700 dólares.
“Los políticos de este país que se pongan los pantalones y que nos den una solución definitiva para acabar con esta angustia, porque es una angustia el tener que privarte de otras cosas para poder pagar esto, una cuestión de nunca acabar”, reclama.
Hoy Paulina está preocupada por los estudios de su hijo de 10 años. “En Chile la enseñanza pública es horrible: 40 alumnos por clase con una sola maestra. Vamos a apretarnos el cinturón para que pueda ir a una escuela privada”, dice.
La educación en Chile es como una serpiente de mar que reaparece con cada movimiento social desde el fin de la dictadura, en 1990, como sucedió en 2006 con la “rebelión de los pingüinos”, así llamada por la corbata azul y la camisa blanca del uniforme de los liceos.
“Los más jóvenes tendrán otras condiciones”, piensa Muñoz. “Estas dificultades afectan a quienes terminaron sus estudios en los últimos 15 años. El sistema Bachelet cambió las cosas”.
En 2015, durante su segundo mandato presidencial (2014-2018), Michelle Bachelet permitió a los jóvenes más pobres (el 60% más modesto) acceder gratuitamente a los estudios universitarios. La ley acabó además con un sistema de selección impuesto para poder ingresar a los colegios públicos.
Fuente: AFP