La escena fue similar al 11 de agosto, pero los llamados telefónicos más cuantiosos e insistentes con un pedido en el que todos confluían: que se les garantice que iban a
permanecer seguros y si se les iban a respetar las medidas de privacidad. La inquietud la plantearon Oscar Centeno, Alejandro Vandenbroele, Laura Muñoz, Leonardo Fariña. En Comodoro Py quien volvió a pedir que lo cambien de domicilio, fue el ex funcionario K José López. Todos son testigos protegidos y el cambio de gestión despertó inquietud en ellos.
El teléfono sonó de manera insistente en el Ministerio de Justicia responsable del programa de testigos e imputados protegidos. Del otro lado varios integrantes de este sistema, se mostraron preocupados tras el resultado contundente de Alberto Fernández en las urnas el 27 de octubre. El 48% de los votos lo consagró como el nuevo presidente de la Nación, cargo que asumirá en 38 días con Cristina Kirchner como vicepresidenta. Muchos de los imputados en causas de corrupción que hoy cuentan con un dispositivo de seguridad especial, declararon en contra de la ex mandataria.
En Argentina el programa de Testigos e Imputados Protegidos, cuenta con 236 personas bajo este régimen. La mayoría de ellos pidieron ingresar después de colaborar en causas de narcotráfico y trata de personas. La menor cantidad responde a las investigaciones de corrupción, allí el número asciende a 15.
Esa reducida lista incluye algunos nombres de alto impacto mediático, como Leonardo Fariña que declaró como arrepentido en la causa de la Ruta del Dinero K donde Lázaro Báez está acusado de haber lavado U$S 60 millones. También está conformada por Alejandro Vandenbroele que declaró en el expediente de la compra venta de la ex Calcográfica Ciccone, y su ex esposa Laura Muñoz cuyo relató desató el escándalo que llevó a Amado Boudou a una condena de 5 años y 10 meses por corrupción.
De las investigaciones más recientes en los tribunales de Comodoro Py, sobresale el nombre de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta que escribió los ocho cuadernos que dieron origen a la investigación sobre el circuito de sobornos que cobraban los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal a empresarios contratistas del Estado, según la acusación.
Todos ellos son imputados protegidos, a excepción de Laura Muñoz que es parte del programa como testigo ya que no es parte de ningún expediente judicial. Con dicho status cuentan con un riguroso sistema de seguridad en los casos más extremos como Centeno, a cargo de “Los Lobos”, una fuerza especial capacitada para estas tareas. Además, se les asignó un domicilio secreto al cual sólo tienen acceso las autoridades del sistema. Entre las medidas impuestas, cuentan con restricciones en cuanto a sus desplazamientos y utilización de teléfonos.
El pedido explícito que cada uno por separado realizó fue el mismo: que les garanticen que con el cambio de gestión no se verá afectada la seguridad con la que cuentan, que se respetará el dispositivo que les otorga protección. Incluso, algunos requirieron modificación de las viviendas donde se encuentran alojados. Fariña fue uno de los que mayor inquietud manifestó, al igual que Centeno quien fue trasladado a la segunda casa desde que ingresó al programa.
El único como imputado protegido que está preso es José López. Ya se había mostrado preocupado después de las PASO. Reiteró su pedido, que lo cambien de la dependencia del servicio penitenciario donde se encuentra y preguntó si iba a poder seguir siendo parte del programa de protección.
Fuentes oficiales indicaron a Clarín, que el programa “es parte de una política de Estado y no puede ser tomado como algo de una gestión y se les debe garantizar los dispositivos de seguridad y protección a todos los que son parte de este sistema”.