El equipo político del gobierno de Sebastián Piñera liderado por los ministros de Interior, Gonzalo Blumel, y de Hacienda, Ignacio Briones, recibió este jueves a los líderes de los partidos
de la oposición en el Palacio de La Moneda. Esta vez, a diferencia de la semana anterior, la convocatoria fue mayor. Tanto el partido Socialista como Revolución Democrática –perteneciente al Frente Amplio- acudieron a la reunión.
Si bien el gobierno de Chile anunció su intención de no perseverar en algunos artículos de la reforma tributaria y acordó la búsqueda de un acuerdo amplio para mejorar las pensiones, los líderes de partidos se retiraron insatisfechos. “Yo espero que esto cambie. No veo señales claras todavía. Estamos a favor del diálogo. Yo espero del gobierno cambios fundamentales, no la aproximación tibia”, señaló el presidente del Partido por la Democracia y ex Canciller de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz.
El punto de mayor tensión en la reunión, según reportaron a Clarín algunos concurrentes, se generó al momento de conversar sobre la posibilidad de impulsar una nueva Constitución. A pesar de que el ministro Blumel aseveró que el gobierno no se cierra a cambios estructurales, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín no percibió lo mismo: “Estamos desperdiciando una oportunidad para profundizar la democracia. Necesitamos un Chile más descentralizado, con instituciones legitimadas donde el Estado cumpla un rol más activo. Y eso debe estar plasmado en una nueva constitución”.
La Constitución de Chile data de 1980 y fue promulgada en plena dictadura por el generalAugusto Pinochet. Si bien los defensores de su legitimidad aluden al plebiscito aprobatorio de la carta magna en 1980, dicha elección no contó con padrón electoral y se reportaron diversas irregularidades que incluían múltiples votaciones de una misma persona e inhabilitación de opositores para votar.
Fue en 1973 que la Junta Militar convocó a una comisión de abogados constitucionalistas denominada Comisión Ortúzar, debido a su presidente Enrique Ortúzar, ex ministro de Justicia de Jorge Alessandri (1958-1964), para redactar una nueva carta fundamental. Sin embargo, en 1977 algunos de sus integrantes se retiraron y la comisión perdió influencia.
El documento definitivo fue impulsado por el abogado Jaime Guzmán, otrora dirigente universitario opositor a Salvador Allende y fundador del movimiento estudiantil “Gremialista”, de fuerte raigambre católica-conservadora e inspiración liberal económica. Guzmán fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1991, siendo senador en ejercicio.
La Constitución chilena plantea un régimen presidencialista reforzado, el rol subsidiario del Estado y altos quórums para modificar sus artículos y leyes entre otras características. Incluso en su primer texto, contempló la prohibición del Partido Comunista basado en su artículo 8, el que fue derogado con el retorno a la democracia.
Sin embargo, en 2005 el entonces presidente Ricardo Lagos impulsó una amplia reforma constitucional junto a la oposición. Entre otras cosas, eliminó la figura de senadores designados por el poder ejecutivo y reformó el Tribunal Constitucional. “Chile cuenta hoy con una Constitución que no nos divide”, señaló Lagos después de cambiar la firma de Pinochet por la suya al final del documento.
A pesar de los esfuerzos, la Constitución sigue sin ser reconocida como legítima por la ciudadanía. “El problema con la Constitución no es que esté insanablemente viciada por un origen ilícito, aunque lo tuvo, el problema es que la Constitución constituye una política que no puede procesar demandas sociales de transformación y eso fue parte del diseño original”, declara Fernando Atria, abogado constitucionalista y director de la Fundación “La Casa Común”, cercana a la izquierda chilena.
Por su parte, José Francisco García, profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica realiza matices respecto a las implicancias del cambio constitucional: “La izquierda tiene razón en los defectos del pacto político (…) pero respecto del pacto social, tanto izquierda como derecha se equivocan al buscar consagrar sus programas sociales y económicos en la Constitución. Sacar el pacto social de la Constitución es fundamental, dejando que queden al debate democrático y no a los jueces reformar el pacto social”, señala.
Si bien dos de los partidos de gobierno, Renovación Nacional y Evolución Política, se han manifestado a favor de una nueva Carta Magna, la UDI, el partido con mayor número de colaboradores de la dictadura, se muestra reticente, razón por la que el gobierno no ha manifestado una posición.
Cabe constatar que la web Chilecracia (www.chilecracia.org) que se ha transformado en una de las pocas herramientas que mide los consensos entre la inmensa mayoría de demandas ciudadanas del inorgánico movimiento chileno, señala que la nueva Constitución es la prioridad 22 entre 90 para la ciudadanía.