Cristina Kirchner sumó su procesamiento número once en la Justicia con confirmación de la Cámara federal porteña. Asimismo, se confirmó el pedido de prisión preventiva. La Sala I de la Cámara
federal porteña avaló la decisión del juez Claudio Bonadio, quien firmó uno de esos procesamiento en un expedientes vinculados a la causa de los cuadernos de las coimas, acusándola de ser jefa de una asociación ilícita por la cartelización en la obra pública. La confirmación de las acusaciones también se produjo sobe los ex funcionarios de lo que fue el Ministerio de Planificación Federal y un importante número de empresarios.
Antes de este fallo, la misma Cámara le había dado una buena noticia a la ex presidenta. Le revocó dos procesamientos en otros expedientes: uno en una causa de corredores viales y el otro en el caso del gas licuado.
Mientras el expediente principal de la causa que inició con los ocho cuadernos escritos por el ex chofer Oscar Centeno, ya fue enviado a juicio oral, la Sala I de la Cámara federal porteña se expidió sobre una de las investigaciones conexas donde se acusó a la vicepresidenta electa de la Nación del cobro de sobornos en la cartelización de la obra pública.
En una resolución de 129 páginas a la que accedió Clarín, los jueces dieron por corroborada la intervención de los funcionarios imputados, respecto “a un acuerdo previo y a la división de tareas, con un claro dominio funcional del hecho”, para una distribución de la obra pública.
La Sala I, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dio por corroborada la maniobra, y confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner, Julio De Vido y José López, entre otros ex funcionarios involucrados en lo que se denominó “la organización criminal” que se dedicó “a la recaudación de fondos ilegales”.
Pero a su vez, la Cámara limitó el alcance de las constructoras involucradas en el expediente, porque solo tuvo en cuenta para la acusación contra los empresarios un listado aportado por el financista Ernesto Clarens. Bonadio en su procesamiento había incluido más empresas de las que están en ese listado.
Sobre la maniobra investigada, los camaristas señalaron que el “mecanismo implementado para lograr la deliberada distribución de la obra pública, tenía como fin último nutrir de fondos a la asociación ilícita comandada y estructurada por los antes nombrados”, es decir por Cristina Kirchner y los ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal.
“Tampoco está de más rememorar que cada pago emprendía su camino en las oficinas y dependencias de las distintas empresas interesadas para concluir, tras una breve escala en las oficinas de Clarens y los despachos de los funcionarios, en dos lugares muy sugestivos: la Quinta Presidencial de Olivos o el departamento sito en las calles Uruguay y Juncal de esta ciudad, donde tenían su domicilio los ex mandatarios presidenciales a lo largo del período investigado”, indica la resolución.
Por ello consideraron que los hechos comprendidos en este expediente, “se engarzan, justamente, en el mismo patrón descrito en anteriores pronunciamientos referidos a aquella estructura recaudatoria instaurada desde las más altas esferas de la Administración Pública Nacional”.
La acusación
Al procesar a la actual senadora, Bonadio a había señalado que se estaba ante “una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años”.
Por ello, decidió ampliar el procesamiento contra la ex mandataria y el embargo llevándolo a $ 11.502 millones. Cristina en la Justicia ya acumula embargos por más de $ 25.000 millones sumando todas las causas en las que está procesada.
En este expediente se investigó el otorgamiento de contratos deobra pública civil a cientos de empresarios. Se sostuvo que en el área del Ministerio de Planificación Federal “por indicaciones del Presidente Néstor Kirchner y luego mantenido en el tiempo por la Presidente Cristina Fernández, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles”.
Se remarcó que las empresas que resultaban beneficiadas con aquélla asignación, como contrapartida, “debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación”.
En el caso específico de la Dirección Nacional de Vialidad, que quedó involucrada en este tramo de la causa, se determinó que los actos de adjudicación de las obras se formalizaban por intermedio de resoluciones suscriptas por el entonces Administrador General Nelson Periotti, y en cuanto a las entregas de dinero, “en el caso de que se abonaran anticipos financieros, la suma oscilaba entre el diez y el veinte por ciento del monto ofertado por la obra; y para el supuesto de que en las obras no se efectuaran tales pagos, se establecían montos equivalentes a una determinada cantidad de certificados de obra”.
Al detallar cómo funcionó la cartelización de la obra pública se responsabilizó a Julio De Vido, José López, Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara de la Construcción), Ernesto Clarens (financista), y a las autoridades de Vialidad Nacional .
En consecuencia, se procesó a más de un centenar de empresarios que “participaban de este sistema, al igual que sus directivos y/o accionistas, junto a las personas que concurrían a efectuar los pagos por las mismas” a ex funcionarios kirchneristas.
Una vez más, el juez Bonadio se refirió a las entregas de los fondos ilegales al señalar que se realizaban “semanalmente; al inicio en dos ocasiones, y luego, en una oportunidad, siendo que la suma total entregada fue superior a los 30 millones de dólares. Incluso mencionó información, transmitida por Muñoz, acerca del destino que se le daba a ese dinero, que viajaba en aviones oficiales hacia las ciudades de Río Gallegos y de El Calafate, y era resguardado en una bóveda instalada en el subsuelo de la residencia del matrimonio Kirchner-Fernández, en El Calafate”.
Entre los empresarios procesados se encuentran los detenidos Gerardo Ferreyra, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabian De Sousa. Sin dictarle prisión preventiva están; Osvaldo Acosta, Carlos Wagner, Aldo Benito Roggio, Hugo Eurnekian, Héctor Javier Sánchez Caballero, Angelo Calcaterra, Juan Carlos De Goycoechea y Juan Chediack. También se procesó al hijo de Cristóbal López, y al hermano de Fabián, Osvaldo De Sousa -hermano de Fabián. Muchos de estos empresarios ya se encuentran procesados en otros expedientes vinculados a los Cuadernos de las Coimas.