Un nuevo allanamiento tuvo lugar este jueves en la Municipalidad de Pilar por una causa abierta en 2017 por administración fraudulenta. Personal de la Justicia bonaerense y de
la DDI de Tigre allanaron la oficina de Contaduría y la Secretaría Privada del intendente Nicolás Ducoté.
El procedimiento fue ordenado por la fiscal Virginia Tosso, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI), descentralizada de Don Torcuato, dependiente del Departamento Judicial de San Isidro. Se trata de una causa que investiga la contratación en $ 1,2 millón, a la ONG “Creando Familia y Futuro”, cuya existencia sigue sin poder comprobarse.
Se trata del tercer allanamiento oque se enmarca en esta causa. Antes la policía había intervenido dos viviendas particulares, una en la Ciudad de Buenos Aires y otra en el partido de Vicente López, cuyos domicilios figuraban en el acta constitutiva de la ONG y en las facturas que la entidad entregó al Municipio. Sin embargo, se encontraron con que allí solo había casas de familia y ningún vecino que supiera de la existencia de una ONG.
El caso de la ONG “fantasma” salió a la luz en julio de 2018. En 2017, el Municipio de Pilar contrató a la fundación para realizar un relevamiento sobre población en situación de vulnerabilidad social en el distrito. Sin embargo, el único entregable que se conoció fue un documento de no más de 12 páginas sin ningún tipo de aporte concreto.
Allanamiento en la Municipalidad de Pilar
Pero además, hasta el momento, tampoco se pudieron conocer ni el domicilio, ni nombres de representantes, tareas o trabajadores de la ONG. Se sabe que esta fue creada en abril de 2017 y, poco tiempo después, en julio, firmó el contrato con la Municipalidad de Pilar.
Se trata de un nuevo revés judicial para Ducoté que el domingo buscará su reelección como intendente de Pilar por Juntos por el Cambio (en las PASO sacó un 35% contra el 50% de Federico Achaval, candidato del Frente de Todos).
Hace dos semanas, la jueza federal con competencia electoral, María Servini había concedido una medida cautelar para que la Municipalidad no pudiera disponer de los fondos municipales para conceder planes sociales en la jurisdicción durante la campaña al considerar que podía generar “condicionamientos a los votantes”.