Las autoridades brasileñas pusieron en marcha este miércoles una nueva fase del Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil, con una
serie de allanamientos, entre ellos las oficinas de Techint.
En un comunicado, la líder global en el negocio del acero, señaló que la investigación había sido iniciada en 2014 y que “la empresa colaboró con toda la información solicitada”.
La investigación por el Lava Jato ya envió a prisión a decenas de empresarios y políticos, agentes de la Policía Federal y de la Fiscalía. Este miércoles se cumplieron 23 allanamientos en los estados de Río de Janeiro, San Pablo y Paraná para buscar pruebas sobre posibles hechos de corrupción.
La operación tiene como fin “investigar ejecutivos vinculados al grupo Techint por su posible participación en un cartel” montado por grandes grupos empresariales en Brasil para desviar recursos de la petrolera estatal Petrobras, según un comunicado de la Fiscalía.
Además de los ejecutivos de Techint, en la nueva fase también se investiga por corrupción a los entonces ejecutivos de Petrobras que habrían recibido los sobornos y por lavado de dinero a las firmas que intermediaron los negocios irregulares, incluyendo dos empresas de consultoría.
El Lava Jato, que puso la lupa sobre la corrupción sistémica en Brasil, fue puesto en marcha por el ex juez de Curitiba, Sergio Moro, que fue designado por Bolsonaro como su ministro de Justicia,. Moro logró llevar al ex presidente Lula a la cárcel. Pero últimamente asomaron una serie de cuestionamientos y aparecieron grabaciones de los fiscales del caso que los comprometen.
Según la Fiscalía, entre los contratos por los que Techint supuestamente pagó sobornos para vencer en las licitaciones figura uno firmado en 2007 junto con Andrade Gutierrez para realizar obras en una refinería en el estado de Bahía; otro suscripto en 2010 para construir parte del Complejo Petroquímico de Río de Janeiro y un tercero en asociación con Odebrecht para tender un gasoducto en Río de Janeiro.
El valor de los tres contratos sumó unos 3.300 millones de reales (unos 825 millones de dólares).
Además de ordenar los allanamientos, el juzgado 13 de Curitiba, responsable por la operación Lava Jato, ordenó el embargo de cerca de 1.670 millones de reales (unos 418 millones de dólares) en las cuentas bancarias de los investigados para garantizar la posible reparación de los desvíos en caso de que sean considerados culpables.
La mayor parte de los recursos bloqueados pertenecen al director del Grupo Techint en Brasil, Ricardo Ourique Marques.
Entre otras empresas, Techint controla en Brasil la Companhia Siderúrgica do Atlántico (CSA), una fábrica en el estado de Río de Janeiro con capacidad para producir cinco millones de toneladas de placas de acero al año, y comparte con el grupo japonés Nippon Steel el control de Usiminas, una de las mayores siderúrgicas del país.