Se trata de una carrera contra el tiempo: el reloj electoral comenzó su cuenta regresiva, y dentro de una semana los argentinos podríamos tener nuevo presidente electo. Si así fuera, como
viene afirmándose desde el triunfo opositor en las PASO, el reloj de arena que funciona en los tribunales federales podría darse vuelta, pero para deshacer los últimos cuatro años de labor judicial contra la corrupción.
A la fila india de detenidos K que recuperaron la libertad desde las primarias se sumaron varios movimientos en los despachos de Comodoro Py, y un recobrado músculo para activar denuncias y causas apenas iniciadas contra funcionarios del macrismo.La convocatoria del juez Luis Rodríguez para que el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso sean indagados por el supuesto conflicto de intereses de Aranguren cuando llegó a la función pública por no haber vendido unas acciones de la empresa Shell que él dirigía es una muestra obscena de ese giro copernicano en el rumbo de las lapiceras judiciales. El caso fue iniciado en 2016, y desde entonces permanecía congelado.
Podemos colorear estas líneas con ejemplos de todo tipo, que sólo sumarían un poco más de vergüenza e indignación por el oportunismo político y la falta de consistencia de muchas resoluciones, algunas de las cuales son incoherentes con otras firmadas por los mismos magistrados. En otros tiempos, claro.
Pero esas martingalas -denunciadas con igual energía cuando el kirchnerismo dejó el poder en manos de Cambiemos y se despertaron decenas de expedientes que venían asfixiados por el polvo- ya vienen quedando lo suficientemente expuestas.
La negativa de Claudio Bonadio para subirse a ese colectivo de la historia, y el ineludible grito de “justicia, justicia” que el sábado atronó en el Obelisco aún antes de que Mauricio Macri mencionara la supuesta amenaza a la calidad institucional si Alberto Fernández ganara la presidencia, levantaron una empalizada ante la huida en masa de varios magistrados hacia las cotizadas playas del peronismo.
Esos salvavidas para sus ex funcionarios procesados y hasta condenados por corrupción pueden cobrar la forma de excarcelaciones súbitas que hasta julio eran negadas, la aceptación de pedidos de pericias y medidas de prueba bizantinos y cuyo cumplimiento puede llevar años, la receptividad a planteos médicos que impidan la comparecencia en juicios y audiencias, la suspensión de audiencias orales por falta de espacio, de personal o cualquier otra carencia, o el simple y fatal cajoneo de expedientes que en estos años se movieron demasiado.
Esta vez, sin embargo, quienes quieran seguir ese camino deberán agudizar la imaginación para voltear un nuevo desafío: los arrepentidos. Cargados de historias protagonizadas por ellos mismos, confesos culpables de coimas, sobreprecios en contratos y concesiones públicas y otros pecados, los imputados colaboradores cargaron de dinamita varias causas, pero llevaron a un nivel radiactivo la más famosa: los cuadernos de las coimas.
Ayer, la Cámara Federal rechazó el intento de varios de los ex funcionarios y empresarios acusados en el caso, que buscaban anular las confesiones de 31 pentitos cuyo testimonio fue clave para la investigación y luego se confirmó por centenares de pruebas. Pero ese intento volverá a repetirse una y otra vez, antes y durante el juicio oral. Si es que alguna vez se hace, y no ocurre lo que pronosticó con jactancia el empresario K Gerardo Ferreyra. Que algo de esto sabe.