María Francisca García Fernández (66) fue la primera contadora que el capo narco colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff (59, hoy preso en Estados Unidos) contrató cuando vino vivir a la Argentina allá por
el año 2004, luego de que su madre sufriera un secuestro en Colombia.
“Mari Paqui” -como se la conoce- es una de las 27 personas que desde el 8 de noviembre de 2018 enfrenta un juicio oral en los tribunales federales de La Plata por lavar dinero del narcotráfico a través de la creación de empresas, compra de campos, ganado, autos y propiedades en countries de lujo como Abril y Nordelta.
En la lista de acusados esta también media familia Meyendorff (dos de sus hijos hijos, su esposa, su madre, dos nueras, un hermano, un primo y un sobrino). E incluso figura una de las ex esposas del también capo narco Daniel “El Loco” Barrera Barrera: la colombiana Ruth Martínez Rodríguez (40) quien hace años se casó con un argentino dueño de una inmobiliaria en Escobar.
Se trata de un debate importante que, a un ritmo de una audiencia por semana, se está haciendo eterno y que ahora las defensas pretenden suspender con el guiño del fiscal de juicio. ¿La manera? La semana pasada plantearon que en lugar de un veredicto, para el que apenas faltan unos días, el juez Nelson Jarazo- a cargo del juicio oral- acepte una “probation”.
La primera en poner sobre la mesa la posibilidad de una “suspensión de juicio a prueba” fue la abogada de “Mari Paqui”. La contadora de Meyendorff -que además de este juicio oral estuvo presa por narco en España vinculada a un cargamento de 200 kilos de cocaína- propuso hacer tres horas de tareas comunitarias por semana durante un año y pagar una multa de 100.000 pesos, en cuotas.
A ella le siguieron en bloque los demás acusados. La multa ofrecida (la mínima estipulada por ley) es tan poca cosa que apenas llega a unos 1.500 dólares por acusado. En cuanto a los bienes “a abandonar” en favor del Estado como reparación del daño, la ex de Barrera Barrera y su esposo argentino ofrecieron un auto Mercedes-Benz que les habían secuestrado en la causa. Ni mencionaron su casa de Nordelta.
El clan Meyendorff no fue menos. Sus abogados explicaron que gran parte de sus bienes ya fueron vendidos así que no pueden pasarse al Estado. Y ofrecieron no más de tres horas de tareas comunitarias en la Fundación los Carasucias, durante un año.
En un primer momento la familia de Ignacio Alvarez Meyendorff quiso usar una propiedad de uno de sus supuestos testaferros para cumplir con el “abandono de bienes” del clan (un departamento sobre la calle Florida, en el Microcentro porteño, donde funcionaba la empresa FARA). Pero como el trámite es individual no pudieron. Tuvieron que recalcular.
Entonces Mauricio (35) y Sebastián (37) Alvarez Sarría -los hijos de Ignacio- plantearon entregar cada uno el 50% de un terreno que ambos comparten en el partido 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. El resto de los acusados ofreció algo de dinero en efectivo (23 mil dólares ya secuestrados en caso de una de sus testaferros) y un Toyota Corolla en caso de uno de sus socios.
Sí, No, No se sabe…
Ante el planteo de los abogados defensores hubo respuestas dramáticamente distintas.
Por un lado al fiscal federal Marcelo Molina la propuesta le pareció más que justa, y coincidió en todo con los abogados defensores. Molina consideró que los acusados estuvieron demasiados años procesados (desde 2014). “Sin el dictado de una sentencia en tiempo y forma, dentro de un tiempo razonable, esta cuestión atenúa a mi modo de ver la culpabilidad”, sostuvo Molina al aceptar el planteo de probation.
Molina fue coherente. Ya al momento de alegar había pedido penas leves, de tres años en suspenso, para los acusados. Y fue precisamente este argumento -el de las penas sin cumplimiento efectivo- el que usaron las defensas para pedir la suspensión de juicio a prueba.
Desde la querella -cuya opinión no es vinculante- el representante de la Unidad de Información Financiera (UIF), Martín Olari Ugrotte, se opuso a la probation, de la cual hay muy pocos antecedentes. Y apuntó contra el fiscal.
Entre otros temas le recordó que la Argentina tiene firmados pactos internacionales que la obligan a perseguir casos de lavado de activos de organizaciones criminales. Al alegar, la UIF había solicitado condenas de hasta 13 años de prisión para algunos de los acusados, muy lejos de las condenas en suspenso requeridas por Molina.
La decisión está ahora en manos del juez Nelson Jarazo, que fijó la próxima audiencia para el 1° de noviembre.
Más allá de lo que hayan pedido los defensores, más alla del apoyo cerrado que encontraron en el fiscal Molina y el rechazo de la UIF, será ahora el juez el que deberá decidir cómo termina un debate que empezó con gran expectativa y hoy puede terminar en polémica.
GL