Lo apodan “El Brujo”. René Ungaro está detenido y fue condenado a 11 años de prisión por participar en el crimen de quien fuera un pesado del delito en Rosario:
target=”_blank” data-cke-saved-href=”https://www.clarin.com/policiales/ocaso-caminos-clanes-temidos-rosario_0_7o_YzgBYg.html” data-cke-pa-onclick=”window.open(this.href, ”, ‘resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no’); return false;” href=”https://www.clarin.com/policiales/ocaso-caminos-clanes-temidos-rosario_0_7o_YzgBYg.html”>Roberto “Pimpi” Camino, ex barra de Newell’s y líder del clan que desde hace tiempo disputa territorio y negocios ilícitos contra otra familia de Rosario: los Funes. Esa pelea provocó a principios del año pasado un recrudecimiento de los homicidios en esta ciudad con atentados impactantes.
A Ungaro se lo señala como uno de los jefes de la banda que tiene entre su caras más visibles a los hermanos Alan y Lautaro Funes. “El Brujo” no sólo cumple la pena por el homicidio de Camino. En 2018 lo imputaron por comandar, desde la cárcel, una organización narco con la colaboración estrecha de los Funes.
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Este miércoles, la Justicia de Rosario sumó una nueva acusación contra él: le atribuyen ser el capo de una asociación ilícita montada para cometer distintos delitos buscando defender territorios en los barrios Tablada y Municipal, y en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.
“El objeto fundacional, prioritario y aglutinante de la banda investigada es la defensa del territorio”, concluyó el fiscal que investigó el caso. Ese trabajo le permitía desarrollar negocios ilícitos, generar beneficios económicos y “ascender en poder respecto de bandas antagónicas”.
La banda usurpaba viviendas, atentaba contra sus enemigos, se proveía de armamento, robaba autos y llegó incluso a regular el ingreso de familiares de detenidos que pretendían ingresar en plan de visita a la unidad carcelaria de Piñero. El grupo vendía números, amedrentaba a la gente y hasta llegó a balear el lugar mientras se hacían colas para el acceso.
En la organización, además del líder, había otros ocho integrantes. El grupo funcionaba desde octubre del año pasado, aun cuando varios de sus miembros estaban detenidos.
“El Brujo” era quien comandaba todo desde la cárcel de Piñero. Impartía órdenes precisas: fechas, horarios y lugares para cometer delitos. Marcaba propiedades para usurpar, enemigos a los que extorsionar -con balaceras o atentados incendiarios-, la retribución económica que correspondía por cada acto y el lugar donde debían ocultarse los autos y las armas utilizadas en los ataques.
“Organizaba la utilización de los recursos humanos (autores, partícipes primarios y secundarios) como así también conseguía recursos materiales (vehículos, armas de fuego)”, planteó el fiscal Matías Edery en la audiencia imputativa.
Entre las acusadas hay tres mujeres -Ramona A., Jesica G. y María del Rosario C.- que se encargaban, entre otros ilícitos, de regentear el negocio de la venta ilegal de números para el acceso a la Unidad penitenciaria 11.
“Es la encargada de defender ese negocio amedrentando y amenazando a personas para lograr su objetivo”, precisa en el caso de Jesica G. “Para ello organiza amenazas y lesiones contra las personas”, marca Edery sobre María del Rosario C. Claudio A. es otro de los que defiende ese negocio en la cárcel.
Cada persona debía abonar tarifas de hasta 2 mil pesos por un turno que permitiera ingresar rápidamente y por fin de semana la banda recaudaba entre 40 y 50 mil pesos. En agosto hirieron con disparos a dos personas al voleo para amedrentar a la gente que hacía cola para ingresar en la cárcel.
Marcelo G., otro de los imputados como miembro de la asociación ilícita, era el “brazo armado” de la banda. “Es el encargado de ejecutar las órdenes referentes a delitos contra las personas como homicidios, lesiones y ataques con armas de fuego”, se señaló. Ariel A., como Ungaro, es otro de los que impartía órdenes aun estando detenido.
La jueza de Primera Instancia Valeria Pedrana dictó prisión preventiva por el término de 90 días para todos los imputados. En el caso de Jesica G. y de María del Rosario C. se dictó el mismo término, pero con detención domiciliaria.
EMJ