El 12 de noviembre, el ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) durante el gobierno de Cristina Kirchner, Martín Sabbatella, será juzgado por el presunto delito
de abuso de autoridad contra el Grupo Clarín al intentar forzarlo a adecuarse de oficio a la ley de medios.
Además de Sabbatella serán juzgados los ex funcionarios del organismo Néstor Avalle, Lorena Di Filippo, Guillermo Pérez Vacchini, Eduardo Rinessi, Ignacio Saavedra, Claudio Schifer y Sergio Zurano.
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El juicio oral estará a cargo del juez federal Ariel Lijo, ya que, por tratarse de un delito que prevé una pena no mayor a tres años de prisión, se trata de un juicio con tribunal unipersonal.
El 26 de mayo del 2017, el juez federal Claudio Bonadio procesó a Sabbatella y al resto de los acusados por el delito de “abuso de autoridad” en base a una denuncia presentada por el Grupo Clarín. El fallo fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal porteña, y por eso ahora llegó a juicio oral.
Según la investigación, los entonces funcionarios le dieron un “trámite diferencial”, con mayores exigencias, al expediente del Grupo Clarín por sobre los del resto de las empresas que en su momento debían adecuarse a la ley de medios. En tiempo y forma, Clarín había presentado un plan de adecuación voluntario a la ley, pero de forma unilateral fue rechazado por Sabbatella, quien determinó que solo a ese grupo la ley se le aplicaría de oficio y que la Afsca sería quien decidiese que medios debía vender y bajo qué condiciones.
Para Bonadio quedó probado que “abusando del cargo público que ocupaba como Presidente del Directorio del Afsca, Sabbatella ordenó y avaló el trámite diferencial y arbitrario” del expediente del Grupo Clarín. El juez comparó el trámite con otros similares de grupos como DirecTV, Prisa, Nemesio, Supercanal, Telecentro, Telefe e Indalo para determinar que existió “arbitrariedad”.
En su confirmación, la Cámara Federal entendió que la orden dispuesta para iniciar la adecuación de oficio de las licencias del Grupo Clarín fue dictada de “manera intempestiva y en contra de la dirección primigeniamente adoptada, según se deriva de los propios actos de la autoridad de aplicación”.
El tribunal interpretó que la adopción de la resolución 1121/2014 “fue inesperada, porque el administrado –Clarín– había dado formal respuesta a la intimación, apurado por la vorágine del trámite impreso en las 48 horas previas a su dictado”.
Además, los jueces señalaron que “ninguna de estas características se vio reflejada en los otros expedientes administrativos de los restantes grupos económicos revisados, los cuales tuvieron un trámite laxo que en ningún caso muestra una decisión drástica”.
Por último se destacó que los testimonios de otros directores Gerardo Milman y Marcelo Stubrin del Afsca -de la oposición de entonces, y que se abstuvieron de votar en esa ocasión- reflejaron la dificultad que tuvieron para conocer debidamente el tema que fue llevado a resolver sin encontrarse previsto en el orden del día.