A través de un comunicado, la UIF-AR negó “categóricamente las insinuaciones falsas recientemente publicadas sobre su supuesto involucramiento en tareas de ‘espionaje ilegal’ con relación a magistrados y funcionarios”.
Asimismo, recordó que esa unidad de información financiera se encarga de “investigar sospechas de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo” y que para eso “recibe información de fuentes locales e internacionales y cuenta a su vez con facultades legales para requerir información sobre las operaciones sospechosas que se encuentre analizando”.
Esa información “es analizada y diseminada al Ministerio Público Fiscal o al Poder Judicial, cuando existen elementos de convicción suficientes para sospechar la comisión de delitos graves, como son el lavado de activos y sus delitos precedentes (especialmente la corrupción), o la financiación del terrorismo”, añadió.
Tras recordar que realiza sus tareas “siempre en el marco de la ley y procedimientos internos vigentes, y en línea con estándares y mejores prácticas internacionales”, la UIF-AR remarcó que “tiene por ley el deber de guardar secreto sobre sus investigaciones y no revela su existencia ni contenido a ningún tercero, menos aún a quien pueda ser objeto de las mismas”.
Por eso, indicó que “atribuye las operaciones montadas en su contra precisamente a su negativa a violar dichas obligaciones en el marco de requerimientos judiciales extralimitados”.