El juicio oral y público contra Cristina Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez se postergó para después de las elecciones del 27
de octubre. Las audiencias recién se reanudarán el lunes 4 de noviembre tras los comicios y cuando la ex presidenta ya pueda estar sentada en el banquillo como vicepresidenta electa.
La nueva fecha de reanudación la fijó el Tribunal Oral Federal 2. En principio es porque tiene sobrecargada la agenda, informaron desde la Justicia. El próximo lunes 14 no habrá audiencia por ser día no laborable. El 21 de octubre uno de los integrantes del TOF 2 había pedido licencia y el 28 tampoco habrá audiencias porque ese día el Tribunal fijó el inicio de otro juicio oral en una causa con detenidos a quienes se les está por vencer la prisión preventiva.
Las audiencias, entonces, se reanudarán el lunes 4 de noviembre con indagatorias a los acusados. Ese día deberá dar explicaciones el ex ministro de Planificación Julio De Vido.
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La postergación del juicio oral se da justo en medio de un clima de reacomodamiento judicial tras el resultado de las PASO en las que Alberto Fernández se impuso sobre Mauricio Macri. En las últimas semanas, además, fueron liberados ocho presos kirchneristas que tenían prisiones preventivas en diferentes expedientes. En esa lista se anotan Cristóbal Lópex, su socio Fabián De Sousa; el dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra; Fernando Esteche, el ez jefe del Ejército K César Milani; el supuesto testaferro de Daniel Muñoz Carlos Cortés y el ex interventor de Yacyretá Oscar Thomas.
En el juicio, además de Cristina Kirchner, están siendo juzgados Lázaro Báez, José López y Carlos Kirchner, primo del ex presidente, entre otros. Este último era el único detenido con prisión preventiva que quedaba en la causa y también fue excarcelado este miércoles por el TOF2
El ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez están detenidos con prisión preventiva, pero en otras causas penales que no dependen del Tribunal Oral Federal 2.
El expediente investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Báez en Santa Cruz. Con su empresa Austral Construcciones fue el principal constructor. Lograba cobrar con mayor rapidez los contratos incluso cuando las obras no se terminaban. La causa arrancó por una denuncia de Vialidad, que comandaba Javier Iguacel, tras la salida de la ex presidenta del poder.
A la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos se la procesó por haber “formado parte de una asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con otros funcionarios de distintas reparticiones.
Durante la instrucción, a cargo del juez Julián Ercolini, se determinó que el grupo Austral de Báez fue beneficiado con 51 contratos viales por $46.000 millones “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”. Por ello, se habla de un “direccionamiento” a favor del conglomerado del empresario K.
Según la investigación, el delito se materializó en cuatro etapas: la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal), la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de “beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado”.