El fiscal federal general de Bahía Blanca Alejandro Cantaro fue procesado al ser considerado responsable en primera instancia de haber encubierto a un sobrino suyo y un allegado investigados en una
causa por narcotráfico. En la misma resolución, le reprochan al jefe de los fiscales bahienses no haberlos denunciado como miembros de una banda que se dedicaba al tráfico de estupefacientes. En virtud de sus fueros, Cantaro, que se encuentra de licencia desde junio de 2018 afrontará el proceso en libertad y sufrirá un embargo de hasta un millón de pesos.
Cantaro, además, fue el jefe de los fiscales durante el período en el que una investigación sobre facturación apócrifa que une a empresarios bahienses con Lázaro Báez tuvo escasos avances en la justicia bahiense. Siempre se sospechó de su posible protección al empresario K.
“Se encuentra acreditado en autos que Sebastián Gauna Millán y Facundo Texido habrían cometido el delito de tráfico de estupefacientes y que posteriormente Alejandro Salvador Cantaro los ayudó a eludir la acción de la justicia”, dice la resolución tomada por el juez Walter López Da Silva, titular del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca. En base a escuchas telefónicas y otras pruebas de cargo, le endilga a Cantaro haber ayudado a su sobrino Gauna Millán y a Texido, a evadir la acción de la justicia en el marco de la causa que instruye y de la cual se desprendió la acusación contra el fiscal general.
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“Puede afirmarse prima facie que tenía conocimiento del accionar delictivo de Gauna Millán y Texido y omitió realizar la denuncia correspondiente, estando obligado a promoverla” sostiene el magistrado de la conducta agravada de Cantaro, en otro tramo de la resolución. Sobre la línea trazada a partir de las interceptaciones telefónicas, entre las que hay diálogos del fiscal general tanto con su sobrino como con Texido, López Da Silva concluye que ambos investigados, comenzaron a tomar mayores recaudos a medida que la causa fue avanzando. Por caso, derivaron sus comunicaciones a Whats App.
En junio pasado, Cantaro declaró ante el juez y rechazó las acusaciones sobre el supuesto conocimiento que tenía del andar delictivo de ambos jóvenes. El mismo fiscal dijo conocer que su sobrino sufría adicción a ciertas drogas, aunque negó que en los diálogos en los que aparece esté hablando de intercambio de estupefacientes. “Las explicaciones brindadas por el encausado a modo de descargo no resultan suficientes para desvirtuar la cargosa prueba reunida en su contra”, resalta López Da Silva, quien se hizo cargo del juzgado federal en noviembre de 2016.
Para ese entonces, Cantaro llevaba más de cuatro años como fiscal general. Había sido designado en octubre de 2012 por la entonces Procuradora Alejandra Gils Carbó, de quien se volvió luego un estrecho colaborador. En 2014, la ex funcionaria lo nombró coordinador en su distrito y le concedió participación en el diseño de la política criminal y de persecución penal. En agosto de 2016, junto a los fiscales Mónica Cuñarro y Marcelo Molina, Gils Carbó le encomendó la tarea especial de investigar amenazas recibidas por el presidente Macri y la gobernadora Vidal durante una visita a Mar del Plata.
Cantaro fue el jefe de los fiscales durante el período en el que una investigación sobre facturación apócrifa que une a empresarios bahienses con Lázaro Báez tuvo escasos avances en la justicia bahiense. Siempre se sospechó de su posible protección al empresario K. Anteriormente se desempeñó como juez criminal en la provincia y a fines de los 90, actuó como interventor de la justicia bahiense, designado por el ex camarista y ministro León Arslanián.