La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, decidió no conceder la excarcelación a dos de los acusados en el tramo que
investigó maniobras de lavado de dinero en la investigación conocida como los Cuadernos de las coimas. Se trata del abogado Miguel Ángel Plo y de su yerno Federico Zupicich, integrantes del entorno de Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner. De esta manera en el expediente aún quedan seis detenidos.
A diferencia de las últimas resoluciones adoptadas, en esta oportunidad los camaristas rechazaron el pedido de dos excarcelaciones que se habían solicitado en la causa que tiene a Cristina Kirchner acusada de ser jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, es decir, sobornos -según la Justicia- que fueron pagados por empresarios contratistas del Estado.
Lo que tenés que saber hoy del oficialismo y la oposición.
Recibir newsletter
Esta semana quedaron en libertad Cristóbal López y Fabián De Sousa, mientras que el viernes pasado se ordenó la excarcelación del empresario Gerardo Ferreyra y también de Carlos Cortéz, otro de los procesados por lavado de dinero e integrante del entorno de Muñoz.
No corrieron con la misma suerte Plo y Zupicich, a quienes la Cámara les confirmó el rechazo a la excarcelación que había dictado el juez Claudio Bonadio. Se encuentran procesados en el tramo del expediente que investigó operaciones de blanqueo por más de U$S 100 millones realizadas por el entorno de Muñoz.
El primero de agosto de 2018 comenzó la causa en la que se dictaron más de 30 prisiones preventivas, y a la fecha, tras las medidas adoptadas por la Sala I, sólo permanecen en prisión Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Lázaro Báez (que además cuentan donde detenciones ordenadas en otras investigaciones), y los mencionados Zupicich y Plo.
A los dos últimos, Bonadio los procesó por lavado de dinero en dos tramos de la investigación, por la exteriorización de fondos proveniente, según determinó el magistrado, de la estructura que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales.
Miguel Ángel Plo, ex abogado de Carolina Pochetti, al momento de su detención.
Durante la instrucción ya se había determinado que parte de este conjunto de personas –que incluye a la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti-, había “realizado diferentes transacciones comerciales entre las que se destaca la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de estas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica de aquellos”.
Se encuentran procesados como “partícipes necesarios del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza y actuando en ejercicio de una profesión que requiriere habilitación especial”.
Con esta acusación, se comenzó a investigar más movimientos de fondos en el exterior que tenían como finalidad incorporar al mercado dinero de origen ilícito. Se “concluyó la instancia centrada en el lavado internacional“, con el segundo procesamiento dictado por Bonadio.
La maniobra investigada en este expediente se desplegó dentro de la estructura que -señaló el juez Bonadio-, comandó Cristina Kirchner junto a ex funcionarios que “se aprovecharon de sus cargos” para la “recaudación de fondos ilegales correspondientes a contratos de obra, servicios públicos, transporte y concesiones viales, como así también empresarios que abonaron sumas de dinero a lo largo de aquél período”.
Para Bonadio entre 2003 y 2015, se “instauró un sistema de cobro ilegal desde el Ministerio de Planificación mediante la cartelización de la obra pública y subsidios, obteniéndose de una sumatoria de los registros realizados por Oscar Centeno que el flujo de dinero que circuló dentro de dicha organización ilícita habría ascendido, al menos, a la suma aproximada de cien millones de dólares estadounidenses (USD 100.000.000)”.
Parte del dinero proveniente de estos ilícitos detallados por los investigadores fueron “recibidos por Daniel Muñoz, quien puso en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen lícito”. Mientras una primera parte ya fue resuelta por el magistrado, determinando una exteriorización de U$S 70 millones en la compra-venta de 16 inmuebles en Estados Unidos, en esta oportunidad, el expediente se centró en la aplicación de “fondos ilícitos aplicados a la realización de inversiones en otros países”.
JPE