Ni un peso más. El presupuesto que el Estado nacional dispuso para investigar y desarrollar el uso medicinal de la plata del cannabis en 2019 fue exactamente el mismo que había
designado para 2018: 360.000 pesos anuales. Son 986 pesos por día.
El dato, disponible en el Presupuesto Nacional al que se accede a través del sitio web del Ministerio de Hacienda, fue confirmado a Clarín por Diego Sarasola, titular del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados y Tratamientos No Convencionales.
Los recursos disponibles son iguales en términos nominales pero no en términos reales: sólo en el primer semestre de este año la inflación acumulada fue del 22,4 por ciento. Según se pronostica, sólo en septiembre -y tras la devaluación posterior a las P.A.S.O.- el índice inflacionario alcanzará los 6 puntos porcentuales, y la estimación anual ronda el 50 por ciento.
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“Cuando necesitamos recursos extra se piden reasignaciones”, argumenta Sarasola. Ante la consulta de cuánto dinero obtuvo el programa a través de esa vía, el funcionario sostiene que “no puede precisarlo”. Según sostiene, con el dinero disponible entre el año pasado y este se dieron capacitaciones a distancia en doce provincias para profesionales de la salud interesados en el uso terapéutico de derivados de la planta de cannabis.
La investigación y desarrollo de ese uso medicinal se legalizó en 2017: obtuvo voto unánime en ambas Cámaras del Congreso. La reglamentación de la ley restringió la investigación y el desarrollo a una sola patología: la epilepsia refractaria. En Argentina, aceites o cremas hechas con derivados de la planta de cannabis son usados por personas con fibromialgia, dolores crónicos, autismo, Parkinson, Alzheimer y cáncer, entre otras patologías. “Se habló de ampliar el alcance de la ley a investigación y desarrollo para el uso medicinal en casos de dolor, pero no hay protocolos en estudio ni fechas concretas”, admite Sarasola.
En rigor, desde la sanción de la ley se puso en marcha sólo un ensayo clínico para pacientes pediátricos con epilepsia refractaria en el Hospital Garrahan: empezó en octubre del año pasado. Desde el área que encabeza Sarasola se anuncia que el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, llevará a cabo un ensayo para pacientes adultos de esa patología. “Desde Salud ya está todo aprobado: están terminando de ultimar los detalles internos”, describe el funcionario, sin precisar fecha de inicio. Fuentes de El Cruce estiman que el ensayo empezará hacia fines de este mes o principios de noviembre.
“El programa se ha ocupado de tender el puente entre los médicos especialistas de distintos centros de salud y los laboratorios, y de gestionar las autorizaciones a través de ANMAT, pero los ensayos dependen de los hospitales”, argumenta Sarasola.
La caída del presupuesto real disponible para la investigación y el desarrollo del uso medicinal del cannabis -y su restricción a sólo una patología- ocurre a la par de una demanda creciente. Entre el último viernes y el domingo pasaron 56.000 personas por Expo Cannabis, la primera muestra centrada en esa planta que se hizo en el país y que agotó las entradas disponibles.
Una de cada tres personas que visitaron la muestra en La Rural tenía más de 60 años. Entre ese público, la consulta más frecuente fue dónde conseguir aceite de cannabis y el síntoma más repetido era el dolor crónico. Nueve de cada diez personas que se acercaron al equipo de abogados del Ministerio Público de la Defensa de la Nación y de la Ciudad consultaron por las implicancias penales del autocultivo o de la tenencia de aceite con fines medicinales.
Esa demanda masiva -y todavía criminalizada- se tradujo en largas filas para consultar a especialistas como el médico neurólogo Carlos Magdalena respecto de qué efectos tienen los cannabinoides sobre el sistema nervioso central o si hay manera de chequear la calidad del aceite que se puede comprar, por ejemplo, a través de Mercado Libre. Otra medida de esa demanda fue la inscripción a talleres de autocultivo y de acompañamiento a pacientes que hacen terapia con cannabis: en el stand de la organización civil Mamá Cultiva hubo más de 1.500 solicitudes para esos cursos cuyo bono contribución es de 200 pesos.
La asistencia de millares de personas a La Rural en búsqueda de una respuesta para su salud o la de un familiar o amigo se contrapone con otro dato estadístico proveniente de la oferta del Estado: desde su creación en 2017, se inscribieron 265 personas Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis. Son personas con epilepsia refractaria que apuestan a ser parte de alguno de los ensayos clínicos estatales: sólo uno se puso en marcha.