La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió que la labor de los periodistas y el secreto profesional “está nuevamente en riesgo”, debido a la decisión de la Cámara Federal porteña
de reabrir una causa contra dos periodistas que revelaron el nombre de un espía.
“Adepa deplora las posturas jurídicas que, últimamente, adoptan algunos tribunales en desmedro de la prensa libre, y entiende que las mismas colisionan con normas constitucionales, tratados internacionales de derechos humanos, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional”, destaca la entidad de un comunicado.
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Y agrega: “Todos instrumentos que otorgan una particular protección a la actividad periodística, en resguardo del derecho a la información de la sociedad y preservando la esencia de un sistema democrático constitucional como el que debe imperar en la Argentina”.
La Sala 1 de la Cámara Federal ordenó reabrir una causa contra los periodistas Gerardo “Tato” Young y Rodis Recalt, quienes habían sido denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El 15 de noviembre de 2018 el juez Sebastián Casanello, con la conformidad del fiscal Carlos Stornelli, había dispuesto el archivo de la causa considerando la inexistencia del delito.
“Por un lado se pretende que los periodistas den a conocer las fuentes informativas mediante las cuales accedieron a los datos de relevante interés público que hicieron conocer a la ciudadanía. Por otro lado, la AFI en ningún momento decidió, como corresponde en todo organismo público, sustanciar un sumario administrativo para verificar cómo se habría vulnerado el secreto legal mediante la difusión periodística. Máxime que semejante información es imposible que sea accesible por periodistas sin que algún funcionario o empleado de la AFI se las haga conocer”, precisa Adepa.
La entidad precisa que “si bien la ley 25.520 de Inteligencia Nacional sanciona la difusión no permitida por autoridad competente de todo elemento secreto o confidencial, también es cierto que ella sólo puede recaer sobre los integrantes y empleados de AFI y funcionarios públicos o particulares que acceden a ella con motivo de las funciones o tareas que desempeñan. Pero en modo alguno a terceros, como los periodistas, cuando toman conocimiento de ellos sin haber incurrido en algún acto ilícito”.
“El responsable es el funcionario o empleado que con malicia, imprudencia o torpeza permitió que la información llegara a un periodista, pero no a éste que, al acceder a ella y considerarla de interés público, decide difundirla para enriquecer el conocimiento de los ciudadanos sobre aspectos propios de la vida pública que conforman la esencia republicana”, advierte.
Adepa insiste en la necesidad de que “se revea” la decisión de la Cámara Federal “ya sea a través del archivo de la causa o del sobreseimiento de los periodistas injustamente involucrados”.