La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -que preside el premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel- rechazó hoy la designación del actual Secretario de Política Criminal de la Procuración
General, Francisco Pont Vergés, como juez de la Cámara de Casación Penal, por considerar que “no reúne los requisitos” que “privilegia la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos”.
El organismo también pidió la suspensión de las designaciones de los 42 pliegos remitidos al Senado provincial por la gobernadora María Eugenia Vidal. Pérez Esquivel apoyó la candidatura presidencial de Alberto Fernández. El pedido se da en el marco de una presión del kirchnerismo contra esas designaciones y contra el jefe de los fiscales, Julio Conte Grand.
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En ese sentido, informó que elevó una carta al vicegobernador y presidente del Senado provincial Daniel Salvador y al cuerpo de senadores bonaerenses, en la que sostiene que “no reúne los requisitos del tercer párrafo del artículo 175 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que privilegia la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos”.
A través de un comunicado de prensa, la CPM sostuvo que “la impugnación de su designación surge de su reciente intervención, como funcionario de la Procuración General, en el caso de Mónica Mego, la mujer trans que quedó parapléjica en el encierro, porque el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) le negó asistencia médica”.
Además recordó que “en el marco de la causa Mónica Mego, no sólo no intervino para que se investigue con celeridad las torturas sufridas por ella, sino que orientó su accionar a perseguir al Defensor de casación penal, Mario Coriolano, por actuar a su favor”.
En este sentido, la CPM manifestó que “desde su función, Pont Vergés poco o nada se comprometió con la investigación de este caso, en cambio persiguió al Defensor de casación penal, Mario Coriolano, tramitando con celeridad que se inicie un sumario administrativo y que se investigue penalmente al Defensor de Casación”.
El pliego de Francisco Pont Vergés, actual Secretario de Política Criminal de la Procuración General, se encuentra entre los expedientes para la designación de 42 nuevos funcionarios judiciales que podrán ser aprobados por mayoría simple en la próxima sesión, pese a la negativa de los bloques de la oposición.
La CPM, además solicitó que se suspendan las designaciones de los 42 pliegos remitidos al Senado, hasta tanto se generen las condiciones de transparencia en el sistema de selección, al considerar que “en un contexto eleccionario que podría cambiar la integración del poder legislativo y el ejecutivo resulta poco prudente y atenta contra la transparencia que debe guiar la selección de magistrados”.
Se trata de la designación de dos integrantes para el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, 16 jueces de distintos fueros, 7 defensores oficiales y 17 Agentes Fiscales, que ya obtuvieron dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Esta comisión es la misma a la que el juez federal de Dolores, Alejo Pérez Esquivel, le pidió que investigue si notas del periodista de Clarín, Daniel Santoro, constituyeron operaciones de acción psicológica, en la causa D’Alessio.