“Ordenaron la detención de 37 represores, nos hicieron lugar a la apelación”, confirmó esta tarde a Télam el querellante Pablo Salinas, cifra que incluye a 18 personas que ya tenían procesos en otras causas, 19 imputadas por primera vez, y otras seis que ya habían sido detenidas en junio pasado.
La Unidad de Derechos Humanos había pedido la medida el año pasado al requerir las indagatorias por secuestros, homicidios y otros delitos atribuidos a integrantes de esa dependencia de la policía provincial, en perjuicio de más de 300 víctimas. Luego, la Fiscalía recurrió el fallo del Juzgado que hizo lugar a las imputaciones solicitadas recién en junio de este año, pero sólo ordenó seis detenciones hasta que ahora la Cámara dispuso la detención de los 37 acusados restantes.
La orden fue dispuesta por los jueces Manuel Alberto Pizarro, y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, quienes señalaron que, “como medida de coerción, se disponga la detención en base al evidente riesgo procesal que supondría que los acusados transiten el proceso en libertad, debido al rol que cumplieron como integrantes del (D2), la gravedad de los hechos que se les atribuyen y la seriedad de las imputaciones que se sostienen contra ellos”, indicó el fallo.
Asimismo, decidieron que las 18 personas que se encuentran a disposición del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza y ya sometidas a otros procesos, conserven las modalidades de detención que cada uno tenga.
En tanto, las 19 personas que se encuentran imputadas por primera vez en causas por delitos de lesa humanidad y sobre las que no se había establecido restricción a la libertad alguna, la Cámara también ordenó su aprehensión domiciliaria provisoria “hasta tanto se evalúe, mediante examen médico del Cuerpo Médico Forense de la Nación, el estado de salud”.