
Nada fue casualidad. Alberto Fernández dijo en Córdoba lo que los empresarios de la Fundación Mediterránea querían escuchar sobre un posible futuro para la deuda pública argentina.
El candidato del Frente
por Todos aseguró que, en caso de ganar las elecciones, encarará una negociación “sería, sensata y sin quita” para la deuda pública y tomó como referencia el esquema de negociación uruguayo. Por Daniel Fernández Canedo
Uruguay arrancó en 2003 la reprogramación de la deuda prolongando los plazos de vencimiento de los bonos, pero sin quita de capital ni de intereses.
El mensaje para los empresarios fue claro: Fernández intentará serenar los ánimos financieros hasta las elecciones. Y también fue claro para el frente interno del candidato, en el sentido de que no está pensando en patear el tablero o agitar el fantasma del default para jugarlo en una negociación con los acreedores (FMI y bonistas), que será la base de las posibilidades de crecimiento de la Argentina en los próximos años.
La experiencia indica que recuperarse de un default lleva mucho más de un mandato presidencial, y que la desconfianza que genera en ahorristas e inversores la amenaza de caer en cesación de pagos vacía las cajas del sector público.
La definición de Fernández cayó bien en el empresariado cordobés (vale recordar que la Fundación Mediterránea fue la base de apoyo de Domingo Cavallo), pero tuvo un correlato moderado en el mercado financiero.
Los bonos argentinos repuntaron el viernes más de un dólar en promedio, pero la suba apareció moderada a los ojos de los expertos: “Si anunciás que posponés los vencimientos por cuatro años pero que mantenés en 6% la tasa de interés, un bono que vale 100 no tendría que estar en 45 como está hoy sino en 65 dólares”, fue el comentario de un conocido operador financiero.
Las palabras de Alberto F. tuvieron respuesta positiva, pero la desconfianza de fondo se mantiene y se reflejó, entre otras cosas, en el endurecimiento del Gobierno frente a los compradores de dólares minoristas.
Por esas cosas de la política y por diferencia de horas, Alberto F. aparece dando un mensaje amigable con los mercados mientras que Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, advirtió que se aplicará la ley penal cambiaria a aquellos particulares que violen la restricción de comprar hasta US$10.000 por mes.
El punto cobra relevancia porque el martes arranca un nuevo mes y, por tanto, se renueva la posibilidad de las personas de adquirir hasta ese monto en billetes estadounidenses.
Volviendo a la “salida a la uruguaya” para la renegociación de la deuda, donde Alberto F. no puso el foco (obvio para alguien que está en campaña electoral) fue en que entre 2003 y 2007 Uruguay tuvo superávits primarios equivalente a 2.3% del PBI, en promedio, en que entre 2008 y 2012 el superávit fiscal fue de 1,3% promedio y que de 2013 a 2018 Uruguay demostró déficit cero.
Con 10 años de superávit fiscal, el país vecino logró convencer a los acreedores de que les pagaría la deuda y, lo más importante, fue que logró crecer 15 años consecutivos. Y todo con un gobierno de izquierda.
En tren de definiciones, Matías Kulfas, uno de los economistas más cercanos a Fernández, lanzó en San Juan, la semana pasada, “Las 6 reglas de la economía ‘albertista'”.
Kulfas dijo que son las siguientes: 1) Tipo de cambio competitivo y estable; 2) Superávit comercial; 3) Superávit fiscal; 4) Acumulación de reservas; 5) Desendeudamiento y 6) Bajar la inflación.
Con esas reglas, Kulfas estimó que las exportaciones se pueden “duplicar en 4 o 5 años” de la mano de Vaca Muerta, la minería, la agroindustria y los servicios.
Habrá que esperar el contrapeso entre la definición de Alberto Fernández sobre la negociación de la deuda y las reglas de Kulfas, por un lado, y el impacto de la decisión del FMI de postergar hasta después del 27 de octubre el desembolso de los US$5.400 millones, por el otro.
A contar por los movimientos y las definiciones de los últimos días, ese tramo del préstamo de US$57.000 millones ya pasaría a formar parte de una nueva negociación. A 28 días de la primera vuelta electoral, el tiempo financiero se acelera.
LGP