El detenido represor Jorge “Tigre” Acosta (78 años) deberá aguardar que la Justicia resuelva el planteo de una de las querellas que objetó el cómputo de la pena que pesa en
su contra para que, recién después, sean analizados dos planteos realizados por su defensa, uno de ellos tendiente a lograr su libertad condicional y, otro, anterior, su arresto domiciliario.
Así lo dispuso el juez Daniel Obligado, presidente del Tribunal Oral Federal número 5, que resolvió postergar una definición acerca de la situación del represor, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde coordinaba el denominado grupo de tareas 3.3.2.
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Fuentes judiciales indicaron que el TOF5 “suspendió” el análisis de los planteos del represor atento el planteo realizado por una de las querellas, que cuestionó el cómputo de la pena realizado por el Tribunal, que dejó en condiciones de tramitar la libertad condicional de Acosta ya desde noviembre de 2017, aunque el primer pedido en ese sentido fue realizado a principios de este mes por su defensa.
La decisión del magistrado fue celebrada hoy por organizaciones de derechos humanos, entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo, que, a través de las redes sociales, renovó su reclamo de “cárcel para los genocidas”.
Jorge “Tigre” Acosta cumple una condena a prisión perpetua por 82 crímenes de lesa humanidad probados que cometió en su condición de líder en el emblemático centro clandestino de detención que funcionó en las instalaciones de la Esma durante la última dictadura.
A eso se suma una condena a 30 años de prisión por su responsabilidad en el plan sistemático de robo de bebés, en tanto a fines de noviembre de 2017 recibió otra condena a prisión perpetua por los llamados “vuelos de la muerte”.
A esas causas se suma otra, actualmente en trámite, que del mismo modo que la que tuvo su veredicto en noviembre de 2017, tramita ante el Tribunal Oral Federal número 5, que ahora dejó en suspenso el trámite del pedido de “libertad condicional” planteado por su defensa, que se sumó a otro que había interpuesto anteriormente para lograr el beneficio de “arresto domiciliario” para su defendido.
El detenido represor cobró nuevamente notoriedad pública cuando, el 27 de agosto pasado, en una salida autorizada por la Justicia, entró custodiado por dos policías y acompañado por familiares a la UDAI Centro de la Anses, ubicada en la avenida Córdoba al 1100, del centro porteño, con el fin de tramitar un préstamo, según se informó.