Las negociaciones por el intercambio de prisioneros no pueden ser sinónimo de un cumplimiento incondicional de la decisión del Tribunal Marítimo.
Habiendo dado un paso atrás, Moscú simplemente está tratando de mostrar buenos gestos dentro de su juego sucio, habiendo ganado tiempo para sí en vísperas de una decisión del Tribunal Marítimo sobre la existencia de jurisdicción, con respecto a las violaciones por parte de la Federación Rusa contra Ucrania en el Mar Negro.
Además, esta reverencia geopolítica también se debe al hecho de las votaciones que tendrán lugar el mes próximo en el Consejo de la Organización Marítima Internacional, y que es de suma importancia para el trabajo de esa Organización.
De hecho, frente a la carencia de instrumentos por parte del Tribunal Internacional para exigir el cumplimiento de la decisión, se le asignó a la OMI la tarea de ejercer como fuerza de presión sobre el agresor, ante la negativa sistemática por parte de éste a ejecutar los veredictos del tribunal marítimo supremo, al uso de la infraestructura civil en el Mar Negro con objetivos militares para fines de inteligencia a través de medios electrónicos, y a la intervención no autorizada en la labor de los sistemas internacionales de identificación de buques (AIS).
En nuestros días, la comunidad internacional utiliza activamente a la Organización como instrumento de influencia para Moscú. El pasado verano, la Organización realizó varios pasos importantes; en primer lugar, la elaboración del documento: “Seguridad de la navegación en la región norte del Mar Negro, el Mar de Azov y el Estrecho de Kerch”, como confirmación de la conversión por parte de la Federación de Rusia de las áreas marítimas en una “zona gris” para la navegación internacional y acciones para contrarrestar los intentos de legitimación de la República Autónoma de Crimea (RAC) por parte de la Federación Rusa “dentro del marco” de la OMI.
En segundo lugar, la OMI ha establecido nuevos requisitos previendo una reducción del contenido de azufre en combustible de los buques, del 3,5% al 0,5%. La OMI ha declarado que tales medidas tienen como objetivo único la reducción de las emisiones nocivas del transporte marítimo a la atmósfera, sin embargo, podrían quebrantar el frágil estado de la economía rusa en condiciones de presión sancionatoria.
A través de la OMI, la Comunidad Internacional también está legitimada para solicitar la suspensión del estado de la Federación Rusa en el Consejo de la OMI en la “Categoría A” (entre los 10 estados marítimos más importantes), así como la clausura de los barcos que enarbolen pabellón de la Federación Rusa y sean propiedad de compañías rusas; con capitanes que posean la ciudadanía rusa, una prohibición completa para las sociedades de clasificación rusas (principalmente las del Registro Marítimo de Buques de Rusia) y sanciones no solo para ellas, sino también para todas las estructuras que utilicen sus servicios, bloqueando así cualquier actividad de Rusia en el sector marítimo internacional.
Es precisamente a través del Registro Marítimo de Buques de Rusia que la Federación Rusa lleva a cabo su “expansión económica” en las aguas ocupadas de Crimea, asegurando además su presencia militar en la región del Mar Negro, y de allí que revista tanta importancia para ella.
Fuente foreignpolicy.com.ua