María-Paz López. La Vanguardia
Un siglo después de la abdicación del káiser Guillermo II en 1918 y del fin de la monarquía imperial alemana, sus descendientes pretenden recobrar palacios y obras
de arte que en aquel momento se les permitió conservar, y que les fueron luego expropiados por la antigua RDA comunista. La familia Hohenzollern, encabezada por el príncipe Jorge Federico de Prusia, de 43 años, tataranieto del káiser, ha emprendido así una nueva pugna por esos bienes, una pretensión que irrita sobremanera a las autoridades alemanas.
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Ya el abuelo de Jorge Federico y entonces jefe de la casa de los Hohenzollern presentó reclamaciones al Estado tiempo después de la reunificación de Alemania de 1990. Y desde el 2013 ha habido conversaciones entre la familia, el Gobierno federal y los länder de Berlín y Brandemburgo. Pero ahora el príncipe Jorge Federico ha especificado en detalle, en nombre de los suyos, todas las aspiraciones de restitución, con el consiguiente revuelo.
Entre los reclamos figuran: el derecho de residencia en el palacio de Cecilienhof, en Potsdam; el destino de miles de obras de arte y objetos históricos de museos de Berlín y Brandemburgo; y una indemnización por valor de al menos 1,2 millones de euros. Esos inmuebles y objetos confiscados por la RDA en 1949 pasaron con la reunificación a ser propiedad de distintas instituciones del actual Estado alemán.
“Estamos hablando puramente de una cuestión de asignación de propiedad; es un derecho civil de todo ciudadano, que en este caso casualmente es un miembro de la nobleza”, sostiene el abogado de los Hohenzollern, Markus Hennig, que tiene su despacho en Berlín. Según el letrado, “lo que cuenta es el acuerdo de 1926 por el que Prusia confiscó a los nobles una parte de sus propiedades, y les permitió conservar otras”. De hecho, muchos en Alemania consideran que en aquel momento, a diferencia de otros monarcas europeos destronados, los Hohenzollern salieron muy bien parados.
Si en la actual brega no se llega a algún tipo de acuerdo, el asunto acabará en los tribunales. Al príncipe y a los suyos no les arredra haber perdido ya el caso por la reclamación del castillo de Rheinfels en el land de Renania-Palatinado.
Pero el asunto condensa no sólo interpretaciones legales sobre el sentido de la propiedad, sino también de responsabilidad histórica. Según una ley de 1994, aquellas personas cuyos inmuebles o tierras fueron expropiados por la RDA pueden reclamar su devolución o una indemnización, pero sólo si los propietarios no respaldaron en su día el régimen nazi. En el caso de los Hohenzollern, el papel del príncipe entonces jefe de la casa, bisabuelo del actual, es objeto de debate. Pero muchos historiadores estiman que tuvo vínculos con el nazismo, e incluso llamó a votar por Hitler en las elecciones de 1932, si bien jamás fue miembro del Partido Nazi.
“La familia Hohenzollern no tuvo nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, es injusto presentarla ahora así; en todo caso el príncipe quizá pudo sopesar que después de los nazis, la familia podría algún día recuperar el poder en Alemania”, dice el abogado Hennig sobre la cuestión. El letrado insiste en subrayar los derechos emanados del acuerdo prusiano de 1926. En una carta el pasado junio, el Gobierno federal y los länder de Berlín y Brandemburgo daban largas a las actuales demandas del príncipe Jorge Federico: “No vemos que en los documentos que ustedes nos han enviado haya base suficientemente adecuada para negociaciones prometedoras”.
La perla más llamativa de lo que se dirime es el derecho de alojamiento gratuito en el palacio de Cecilienhof, célebre por haber albergado en agosto de 1945 la conferencia de Potsdam, en la que los aliados Truman, Stalin y Churchill acordaron el reparto político y territorial de Alemania y Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Construido entre 1913 y 1917 en estilo de casa de campo inglesa como residencia del príncipe heredero, este palacio a 40 minutos en coche de Berlín, decorado con entramados de madera, recibe su fama de esa histórica conferencia. Las salas en que se celebró pueden visitarse. Los Hohenzollern, por si acaso, han asegurado que no pretenden mudarse a vivir allí ni interferir en la exposición.