La firma del juez Claudio Bonadio en el escrito que cierra la instrucción en la causa de los cuadernos de las coimas ajustó el último tornillo de una bomba atómica judicial
que será muy difícil de desactivar para un eventual gobierno kirchnerista y sus solícitos colaboradores en los tribunales.
El efecto anestésico que irremediablemente causa la evolución diaria de las noticias puede confundir la perspectiva respecto a la gravedad de los hechos descubiertos y comprobados en el expediente, que inició con la prolija caligrafía del chofer Oscar Centeno, y engordó con cientos de pruebas y testimonios.
Recordemos: sólo con las confesiones de los 31 arrepentidos en el caso -quienes ya aceptaron su culpabilidad y se exponen a recibir una pena más grave si hubieran mentido- ya tenemos cerrado el circuito de quién pagó sobornos, quién los cobró, quiénes llevaron el dinero y dónde lo entregaron, quién lo guardó y quiénes lo lavaron en inversiones de apariencia lícita.
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En ese universo de contritos, las declaraciones coinciden con una precisión asombrosa, en la que un testimonio ratifica y agrava los dichos de otro, y la solidez de la trama se apoya en esa construcción coral plasmada en el expediente por los mismos protagonistas de los hechos.
Y los hechos son extremadamente graves: la investigación desnudó el funcionamiento de una supuesta estructura delictiva superpuesta a la del gobierno, en la que dos presidentes de la Nación comandaron un circuito de recaudación de sobornos entre decenas de contratistas y concesionarios del Estado. Un ciclo que tenía sus rutinas, sus tarifas, sus valjeros y vigías, sus días de recorrido llenando con dólares bolsos especialmente comprados en el mismo negocio de Once, que luego viajaban en los aviones oficiales a Río Gallegos o El Calafate, y se guardaban en la casa de los ex presidentes o de la madre de Néstor Kirchner.
Es imposible asemejar este panorama a un desvío puntual de algún funcionario infiel, o a pequeños hechos aislados que no alcanzan para empañar la transparencia de un gobierno. Más bien, como hace tres décadas logró probar el fiscal Julio César Strassera ante la Cámara Federal que juzgaba a los ex comandantes de la dictadura por sus crímenes de lesa humanidad, el expediente cuadernos probó con creces la existencia de un plan sistemático elaborado y ejecutado desde la cima del Estado.
Por supuesto, no se trata de comparar los horrores de la represión ilegal con otros delitos contra la administración pública perpetrados en democracia. Sólo de vincular la tesis jurídica bajo la cual se englobaron y vincularon hechos que los acusados intentaban mantener aislados entre sí, despegándose de su rol en la organización y ejecución.
El caso cuadernos compiló como nunca antes la perfección que llegó a alcanzar el pútrido sistema de contratación de proveedores de obra pública, turbio desde hace décadas bajo gobiernos de todo signo.
También dejó de cara al sol a decenas de empresarios poderosos -muchos de los cuales alcanzaron ese adjetivo gracias a los sucesivas contrataciones con el Estado-, que pueden dejar en Comodoro Py mucho más que su honra cuando el Tribunal Oral Federal 7 realice el juicio: el estrago económico que el caso cuadernos causó y seguirá causando en sus balances podría acabar con varias empresas. El espejo brasileño de Odebrecht así lo demuestra. Con una diferencia, claro. Allí hubo condenas.
Las cartas parecen echadas. Excepto, por supuesto, que alguna mano diestra corte los cables indicados y la bomba sea neutralizada. Esa tal vez haya sido la esperanza de Cristina Kirchner cuando nominó a su intermitente amigo Alberto Fernández como candidato a presidente, cargo al que las PASO dejaron al ex jefe de Gabinete a menos de un suspiro.
Si finalmente se instala en la Casa Rosada, el desafío del profesor de la UBA será de varios órdenes. El primero, moral. Sin causas de corrupción en su contra ni grandes reproches en sus pasos por el Estado -excepto algún murmullo durante su ya lejano asiento en la Superintendencia de Seguros- ¿por qué Fernández habría de atar su destino y el de su gobierno al de muchos compañeros de militancia suyos empastelados hasta el cuello con pruebas sobre coimas millonarias? ¿Sería capaz de oponerse?
Sus declaraciones como candidato no parecen abrigar esperanzas, pero el crédito debe seguir abierto.
Otro desafío es de orden político: la expectativa del castigo a los corruptos es una de las pocas banderas que unen a una franja populosa del país con el gobierno de Mauricio Macri. Del otro lado, los ultra K siguen agitando la tontería de los “presos políticos”, y la fiscal Cristina Caamaño -titular de Justicia Legítima- pidió reformar la Constitución y advirtió que “los jueces ya se están acomodando”. ¿Dónde se parará Fernández?
El último desafío es de orden práctico: ¿cómo llevar a la nada un juicio con semejante cantidad y calidad de pruebas? La búsqueda de nulidades increíbles y el paso del tiempo podrían servir. También alguna ayuda que llegue desde Dolores.