El fiscal federal Carlos Stornelli y el titular de la Procunar, Diego Iglesias, solicitaron la elevación a juicio de la causa por la que están procesados el ex juez federal de
Corrientes, Carlos Soto Dávila, dos de sus secretarios, cinco abogados y un ex intendente, por el presunto cobro de coimas a narcotraficantes del llamado “Operativo Sapucay”, informaron fuentes judiciales. Esta causa es paralela al juicio oral por narcotráfico.
Los fiscales le hicieron el pedido al juez Rodolfo Canicoba Corral, como subrogante en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 12, ante quien sostuvieron que el ex magistrado era el “organizador” de una asociación ilícita dedicada al supuesto cobro de sobornos a imputados en causas de narcotráfico en el Juzgado Federal 1 de Corrientes.
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Según indican los fiscales, el pedido de coimas era a cambio de aliviar sus situaciones procesales, al menos desde el año 2010 y hasta el 5 de diciembre de 2018,
Los acusados son Soto Dávila (71); los ex secretarios penales de su juzgado Pablo Molina (48) y Federico Grau (56); los abogados Duilyo Barboza Galeano (47); Jorge Vallejos (59), Gregorio Giménez (67), Tomás Viglione (34) y Omar Serial (56), así como el ex intendente de la localidad de Empedrado, Juan Manuel Faraone (55).
“Los imputados coordinaron su accionar para que en las causas o asuntos sometidos a la competencia del Juzgado Federal número 1 de Corrientes fueran dictadas resoluciones o se omitieran o demoren las que debían adoptarse”, señala la resolución.
Agrega que “la finalidad era beneficiar a las personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de beneficio o promesa indebida de su parte, con la intermediación de los abogados y del ex intendente”.
Los fiscales le imputaron a Soto Dávila ocho hechos de prevaricato, por la supuesta percepción de sobornos de entre 1.000.000 y 10.000 pesos, que en diversas circunstancias alcanzaron al resto de los acusados.
Iglesias y Stornelli se remitieron a trabajos desarrollados por los fiscales de Corrientes Flavio Ferrini y Carlos Schaefer, en los que se detectó que en un solo expediente tramitado en el juzgado correntino se produjeron 4600 discos con escuchas telefónicas a 292 líneas, pero sin avances procesales.
“Durante más de 20 meses, no mostró ni un mínimo avance procesal” ese expediente, indicaron los investigadores y agregaron que “jamás se detuvo, ni se indagó a ningún individuo, no se incautó ni un sólo gramo de material estupefaciente, no se secuestró ninguno de los tantos medios de transporte utilizados, ni se allanó un sólo domicilio”.
Esta causa es una derivación del expediente en el que esta semana el ex intendente de Itatí, Natividad Terán, su vice y otros imputados acordaron en un juicio abreviado en la causa en la que están acusados del envío de seis toneladas de droga semanales desde Paraguay hacia Corrientes para luego venderla a distintas provincias.