El juez Claudio Bonadio dio por clausurada la instrucción y envió a juicio oral a Cristina Kirchner, acusada de ser Jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación
“de fondos ilegales”, es decir sobornos. Se trata de la causa conocida como los cuadernos de las coimas, un expediente que cuenta con 172 procesados y 31 imputados colaboradores. Junto a la candidata a vicepresidenta, fueron enviados a juicio Julio De Vido, Roberto Baratta, el ex chofer Oscar Centeno y un extenso listado de empresarios. Bonadio volvió a pedir el desafuero de la Senadora. Entre los empresarios se encuentra Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, Carlos Wagner, Néstor Otero, Benjamín Romero, Enrique Pescarmona entre otros.
De esos 172 acusados, en esta instancia Bonadio elevó a juicio a 53, entre ex funcionarios y empresarios. El juez resolvió sobreseer a los empresarios por el delito de asociación ilícita, y sólo deberán responder como acusados por cohecho activo. Asimismo, sobreseyó de la acusación a los integrantes de La Cámpora Eduardo “Wado” de Pedro, Andrés Larroque, Máximo Kirchner, Julián Álvarez, y a los empresarios Sergio Szpolski.
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En uno de los artículos de la resolución a la que accedió Clarín, Bonadio volvió a requerir al Senado el desafuero de Cristina Kirchner para “cumplir con la prisión preventiva dispuesta”.
Esta clausura de la investigación y elevación a juicio, incluye a Isidro Bounine, Juan Manuel Campillo, Sergio Todisco, Carolina Pochetti, y otros integrantes del entorno de Daniel Muñoz (ex secretario de Néstor Kirchner), acusados de lavado de dinero por la adquisición de bienes en el exterior.
En este expediente considerado la “causa madre” -ya que hubo seis desprendimientos más-, la semana pasada el magistrado dio por corroborados los dichos de 31 arrepentidos: “habiendo analizado lo expuesto por cada uno de los imputados colaboradores y los aspectos de sus testimonios que pudieron ser corroborados mediante la prueba realizada, podemos afirmar que sus testimonios posibilitaron lograr un significativo avance en la investigación llevada a cabo en la presente causa y sus conexas”, afirmó Bonadio.
En diciembre de 2018, la Sala I de la Cámara federal porteña confirmó las acusaciones contra la ex Presidenta por dirigir una asociación ilícita, del delito de dádivas en carácter de coautora y de cohecho pasivo (cobrar coimas). Cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió que la senadora vaya a juicio, señaló que era igual responsable de 40 hechos de cohecho.
La acusación con la que se hizo la elevación a juicio sostiene una aclaración realizada por Bonadio en el primer procesamiento: el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de “dinero ilegítimas en mano propia” no la exime de “responsabilidades”. En ese marco, se dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que inició con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora.
En consecuencia, se determinó que la ex mandataria “tenía conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la “asociación ilícita”. En esta parte que será enviada a juicio oral, se sostiene que existió una “comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal”, los distintos funcionarios intervinientes “operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria”.
La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la administración pública, “para procurar la afluencia de dinero”. Se celebraban los contratos distribuidos en rubros de la construcción o concesión de licencia de corredores viales o transporte, donde funcionarios. Según la acusación, los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones “estaban inflados en perjuicio del conjunto de los argentinos” y la finalidad de todo fue “enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos”.
Julio De Vido, Roberto Baratta y José López se encuentran procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo, todos ellos con prisión preventiva. Será también el ex chofer Oscar Centeno quien irá a juicio oral acusado como miembro de la organización delictiva. Tiene otorgada la libertad por ser el primer “arrepentido” en el expediente y es parte del programa de imputados protegidos.
En tanto los empresarios -entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, Carlos Mundin, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio, entre otros- irán a juicio sólo acusados de cohecho. El ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens afrontarán la instancia oral bajo la de organizadores de la asociación ilícita. Se les atribuyó varios hechos de cohecho activo, al igual que al empresario Gerardo Ferreyra.