La definición del sumario que se tramita en el ámbito de la Procuración General de la Nación a relación al fiscal Carlos Stornelli, debido a su situación de “rebeldía” en la
causa que tramita en Dolores por presunto espionaje ilegal y extorsión, en la que aún no se presentó a declarar tras seis llamados a indagatoria, podría demorarse hasta mediados de octubre, de acuerdo con los plazos establecidos para este tipo de trámites.
Si bien el fiscal que instruye el expediente tenía plazo hasta el 9 de septiembre pasado para presentar su informe final, vencido ese plazo y a instancias de una intimación del procurador general interino, Eduardo Casal, se informó que el fiscal Stornelli había pedido la incorporación de más pruebas y que, por ende, quedaba también aplazada la conclusión de esta instancia del procedimiento.
En este sentido, fuentes de la Procuración indicaron que el reglamento “contempla la posibilidad de una prórroga de diez días hábiles, prorrogables por otros diez días hábiles más”, para garantizar el derecho a la defensa en el marco del procedimiento disciplinario iniciado ante la situación de “rebeldía” de Stornelli en el expediente que tramita el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
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De esta forma, recién se podrían producir novedades en el trámite que se desarrolla en el ámbito de la Procuración General de la Nación -encargada de evaluar la conducta de los fiscales- a mediados de octubre próximo.
Allí, es el fiscal Marcelo Retes, instructor del sumario abierto contra Stornelli, quien debe presentar un informe en el que sugiera si, a la luz de las pruebas y los testimonios recabados, corresponde o no, a su criterio, avanzar con un jury en enjuiciamiento contra el fiscal Carlos Stornelli o disponer algún otro tipo de sanción o intimación.
Ese informe, debe ser analizado por el llamado Consejo Evaluador, que también tiene pendiente definición otro sumario en relación a Stornelli, vinculado con las imputaciones formuladas en su contra -más allá de su situación de “rebeldía”- en la causa que instruye el juez Alejo Ramos Padilla, que analiza una presunta red de espionaje ilegal y extorsión en causas judiciales.
De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, es función del Consejo Evaluador “emitir opinión no vinculante sobre el objeto de las actuaciones”.
“En los supuestos en que el Procurador General de la Nación entienda que el magistrado es pasible de la sanción de remoción, deberá elevar el caso al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación a fin de que evalúe la conducta reprochable y determine la procedencia de su remoción o la aplicación de otras sanciones”, establece el artículo 74 de la norma.
Por ende, una vez que el Consejo Evaluador emita su dictamen, recaerá en el procurador Eduardo Casal la definición final sobre la conducta de Stornelli en su condición de fiscal federal.
A través de un escrito enviado a Casal el 2 de septiembre pasado, el juez federal de Dolores reiteró su pedido de que se le dé impulso al procedimiento de “remoción y/o desafuero” del fiscal Stornelli, con el fin de “lograr su comparecencia” como acusado en la causa que investiga presunto espionaje ilegal y extorsión en causas judiciales.