El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado opositor Edgar Zambrano, que estaba detenido desde mayo en relación con la fallida rebelión del 30 de abril,
fue liberado este martes como parte de un acuerdo suscrito entre el gobierno de Nicolás Maduro y partidos opositores minoritarios.
El Tribunal Especial de Caracas “ordenó la libertad inmediata del diputado Edgar José Zambrano Ramírez, a quien se le sigue causa penal por la presunta comisión flagrante de delitos que atentan contra el Estado venezolano”, sostiene un comunicado divulgado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
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Zambrano fue beneficiado por una “medida cautelar sustitutiva”, consistente en presentaciones periódicas ante el juzgado cada 30 días y prohibición de salida del país.
Liberación de Zambrano y los presos políticos es una victoria de la presión ciudadana, internacional e informe Bachelet, no una “gentileza” de la dictadura.
Lo dijimos hoy: jamás debieron estar tras las rejas. Es un logro de quienes no nos rendimos.
¡Libertad para Venezuela! pic.twitter.com/q3xBL7hYZW— Juan Guaidó (@jguaido) September 17, 2019
La liberación se produjo un día después de que Maduro adelantara que se le entregó a la Comisión de la Verdad un conjunto de solicitudes y peticiones de liberaciones de presos para que las evalúen. El documento contempla que las autoridades dejen en libertad a los dirigentes partidistas y otros adversarios del gobierno que la oposición y grupos de derechos humanos consideran “presos políticos”.
Zambrano, de 63 años, fue detenido el 8 de mayo por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la policía política.
La detención de Zambrano, que acompañó a Guaidó en el fracasado alzamiento militar del 30 de abril, se dio después que la Asamblea Constituyente –organismo oficialista creado para rivalizar con la Asamblea Nacional, en manos de la oposición– le retirara la inmunidad parlamentaria.
Guaidó celebró la liberación de Zambrano como una “victoria de la presión ciudadana, internacional e informe Bachelet, no una ‘gentileza de la dictadura”.