Robaron un inodoro de oro del palacio donde nació Winston Churchill
A poco más de un mes de que el gobierno nacional adquiriera las primeras cien pistolas Taser, todavía no se sabe dónde y cómo se utilizarán.
“El tema está en procesos administrativos”, fue la respuesta oficial ante la consulta de PERFIL. La ausencia de precisiones sobre lugares y directivas genera el temor de que las pistolas salgan a la calle sin conocimiento de los ciudadanos. Así lo dejó entrever la legisladora porteña de Unidad Ciudadana y vicepresidenta de la Comisión de Seguridad, Andrea Conde, que pidió informes y aún no obtiene réplica.
“No responden en dónde van a utilizarlas. Van pateando las fechas límite para responder. Lo que dicen oficialmente es lo que dicen en conferencias de prensa, no hay informes ni nada”, reclama Conde, que presentó un proyecto de ley para que se prohíba el uso de las Taser en la capital del país, y advierte: “En cualquier momento va a haber una mala noticia”.
En julio de 2019, el Gobierno compró cien pistolas Taser junto a cien cartuchos para operaciones y 600 para prácticas. Todo, por un total de $ 5.285.000, a la empresa norteamericana Axon.
El proyecto de ley que aprueba el uso de estas armas no letales se promulgó en mayo, y detalla que se les otorgarán a las fuerzas policiales y de seguridad federales. Al respecto, Conde manifiesta: “Esto resulta sumamente preocupante, sobre todo atendiendo a las últimas medidas tomadas por el Gobierno, como la Declaración de la Emergencia en Seguridad y la creación del Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas”.
El organismo Amnistía Internacional realizó un pedido de información pública en julio pasado para conocer el proceso de licitación y la capacitación de las fuerzas que las utilizarán. La respuesta llegó en las últimas semanas, y si bien aún no fue difundida, PERFIL pudo conocer algunos detalles. Según lo respondido, la capacitación constará de 5 horas –3 teóricas y 2 prácticas, repartidas en un solo día– con profundidad en conocimientos de electricidad.
Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional, explicó su preocupación: “Con cinco horas de capacitación no alcanza. Y además no sabemos si van a estudiar las consecuencias de usar estas armas. La resolución que regula el uso de estas armas debería precisar dónde, qué grupos la utilizarán y qué rendición de cuentas habrá”.
*Integrante del equipo de Investigación de Perfil.