La fiscalía en el juicio que se sigue al ex presidente de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain y al ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Atanacio Perez
Osuna, entre otros, dio por probado este lunes que hubo una “sustracción” de 50 millones de pesos al Estado Nacional para construir una ruta que jamás se hizo.
“El hecho que origina este juicio es un hecho de corrupción”, sostuvo la fiscal Fabiana León ante el Tribunal Oral Federal 7 en su alegato final en el juicio por el pago de un anticipo de 50 millones de pesos a la empresa Fainser, de Lascurain, por la construcción de una ruta que nunca se hizo.
El debate entró en la etapa de alegatos finales y la fiscal León anticipó que acusará por el delito de “peculado”.
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Los acusados son Lascurain, Osuna -quien era intendente de la localidad santacruceña de Río Turbio cuando quedó detenido en el caso-, el ex coordinador de YCRT Miguel Angel Larregina, el diputado provincial Horacio Mazu y el ex asesor Juan Vargas.
Se trata de la primera de las investigaciones por delitos en Río Turbio que es juzgada. Este lunes, el juez federal Luis Rodríguez envió a juicio al detenido ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio De Vido, y al ex secretario de Coordinación del Ministerio Roberto Baratta, entre otros, por supuesta defraudación en la parte central del caso.
“El cúmulo de pruebas me permite afirmar que esa entrega de dinero fue una sustracción de caudales, y está prevista en el Código Penal como peculado”, sostuvo León en la audiencia que se realizó en el Palacio de Tribunales porteño, donde tiene su sede el Tribunal Oral Federal 7.
La fiscal León remarcó que el pliego de condiciones que licitó la construcción de la ruta de siete kilómetros, el llamado “Camino de los Mineros” para facilitar el tránsito en la zona del Yacimiento, “no preveía pago de anticipo alguno”.
La fiscalía sostuvo que la “contribución de Lascurain fue imprescindible para sustraer los 50 millones de pesos” entregados como anticipo en tres pagos, el último de ellos el 9 de diciembre de 2015, “cuando ya se sabía que iba a cambiar la intervención de YCRT”.
El contrato para la readecuación de la avenida se había firmado el 29 de junio de 2015 y tuvo una adenda que permitió el pago del 15 por ciento del total, 494 millones de pesos, como anticipo, siempre según la investigación del ministerio público.
“Hubo irregularidades e ilegalidades”, sostuvo la fiscalía.
Y, advirtió que así “se privó al Estado Nacional de 50 millones de pesos que ilegítimamente se apropió Fainser”, tras lo cual remarcó que la empresa carecía de experiencia en construcciones viales.
Por su lado, resaltó que otro de los acusados, Mazú “sabía que el anticipo no debía pagarse si el proyecto no estaba aprobado. Su rol fue esencial”.
Para la fiscal se montó “un andamiaje para dar justificación a la sustracción de caudales del patrimonio estatal mediante un convenio marco y una adenda que lo posibilitarían”.
Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero tienen previsto dar su veredicto en octubre.