Aunque en la Casa Rosada se niegan a confirmarlo, en la CGT aseguran queel Gobierno ya tiene definido que fijará por decreto el pago de un bono de $ 5.000 para
los trabajadores del sector privado. Lo único que falta resolver, según la central sindical peronista, es la forma de pago de ese pago extraordinario.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica les pidió a los dirigentes cegetistas en la tarde de este lunes “una semana de plazo” para estudiar la metodología de la bonificación. Antes quieren evaluar el impacto, sobre todo, para las Pymes.
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“Podría ser en un solo pago en septiembre o dividido en dos en septiembre y octubre”, informó a Clarín un importante dirigente de la CGT.
Los jubilados no estarían contemplados en el bono.
Por lo que se detalló en la reunión entre los dirigentes cegetistas (estuvieron los cosecretarios generales Carlos Acuña y Héctor Daer, Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Antonio Calo (UOM) y Armando Cavalieri (Comercio) y los ministros Carolina Stanley y Sica el bono será “no remunerativo”.
Consultado por Clarín, el dirigente Gerardo Martínez dijo: “El Gobierno tomó conciencia de los planteos que hicimos como CGT de las necesidades y urgencias de la crisis y de los daños colaterales que está provocando”.
A fines de agosto pasado, y a través del Boletín Oficial, el Gobierno oficializó un bono de $ 5.000 para los trabajadores de la administración pública. Ese pago extraordinario apuntó a atenuar el impacto de la disparada del dólar y su traslado a precios tras las primarias.
Carolina Stanley y Dante Sica, en el ministerio de Desarrollo Social con los representantes de la CGT, en la tarde de este lunes.
Tras la reunión en la Casa Rosada, los dirigentes de la CGT se juntaron en UPCN. Allí se sumaron, entre otros, los sindicalistas ferroviarios Sergio Sasia y Omar Maturano.
En la juntada se detalló que la conducción de la CGT le había reclamado al Gobierno que se le destraben a las obras sociales los alrededor de $ 7.500 millones que la Superintendencia de Salud tiene retenidos.
También que la central sindical solicitó que se forme un “gabinete social” en el que los gremios tengan participación. Puntualmente, que los sindicatos puedan indicarle al Gobierno en qué lugares de sus actividades hay mayores necesidades de asistencia alimentaria.