La decisión del ex número dos de las FARC, Iván Márquez, y de Jesús Santrich, otro de los negociadores del proceso de paz con Juan Manuel Santos, de volver a la
selva y a las armas era un secreto a voces. Las señales eran tantas que sólo había que esperar a que ocurriera.
Hace más de un año que Márquez decidió apartarse del acuerdo de paz denunciando los mismos incumplimientos por parte del Estado que denunció ayer. Y nada se sabía de él, aunque se sospechaba que podría estar moviéndose por Venezuela y Cuba, en la construcción y armado territorial de la nueva fuerza guerrillera. Santrich ya estaba prófugo dentro del proceso que se le sigue por presunto narcotráfico, acusado por Estados Unidos de haber conspirado para traficar cocaína después de firmar la paz. Estrechos aliados, los rebeldes son requeridos por el tribunal especial que juzga los peores crímenes cometidos durante medio siglo de conflicto armado. Contra Santrich incluso hay una orden internacional de captura.
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La decisión de ambos, más la de otros cuadros medios, ratifica la ruptura de hecho que había entre el ala más “intransigente” y “guerrerista” –aún durante los diálogos de paz– y el sector más moderado encabezado por Timochenko, el líder del ahora partido político que pese a coincidir en el diagnóstico sobre los problemas de la implementación de los acuerdos, sigue apostando a la paz y a las instituciones como forma de construcción política.
El líder del partido de la FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko,, junto a Carlos Antonio Lozada (i) y Pablo Catatumbo (d), ofrece declaraciones ante los medios este jueves, en Bogotá (Colombia). EFE
Según fuentes de inteligencia colombianas, los grupos disidentes de las FARC tienen aproximadamente 2.500 miembros, que incluyen excombatientes desilusionados con el proceso de paz, así como nuevos integrantes. Lejos de aquellos 12.000 hombres en armas que tenía antes del inicio de las negociaciones, en 2012. Unos 7.000 combatientes rebeldes y 6.000 milicianos entregaron sus armas a observadores de la ONU como parte del acuerdo.
Según el gobierno de Colombia, 90% de los ex combatientes aún están cumpliendo con el desarme y lo pactado. Si la apuesta de Márquez y su grupo es volver a los años 90 y 2000, cuando las FARC pusieron en jaque al Estado colombiano, necesitará mucho más que eso: la capacidad del gobierno para atacar con el poder aéreo a los grandes grupos de hombres armados como los que se tomaron pueblos y bases militares hace 20 años destierra de plano esa posibilidad. Las muertes de los “comandantes” Raúl Reyes, el Mono Jojoy y Alfonso Cano, entre 2008 y 2011, así lo demuestran.
El surgimiento de esta nueva guerrilla sí puede poner en riesgo aquel pacto. Tanto el presidente Iván Duque como su mentor, el ex presidente Alvaro Uribe, han sido feroces críticos de lo pactado y han puesto contra las cuerdas todo el proceso, cuestionando, sobre todo, a la Justicia Especial de Paz, a la que deben responder quienes firmaron el acuerdo. Y no han dejado -ni dejarán- pasar esta oportunidad para seguir bombardeando un trato en el que no creen.
Pero el riesgo no sólo hay que verlo en clave colombiana: no sería extraño que Donald Trump aumente la presión sobre la Venezuela chavista y Cuba, con el argumento de que ambos apoyan y sostienen esta nueva aventura armada.